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AGENCIAS | ROMA El Gobierno conservador de Silvio Berlusconi prepara un proyecto de ley que permita reducir los plazos de los procesos judiciales, lo que podría beneficiar al primer ministro italiano en los dos juicios a los que debe enfrentarse tras la pérdida de su inmunidad.
El presidente de la Cámara de los Diputados italiana, Gianfranco Fini, anunció en una entrevista que el texto será presentado en los próximos días y que contempla que los procesos judiciales de personas sin antecedentes penales no puedan durar más de seis años.
Fini, en una reunión en Roma con Berlusconi, dio su apoyo para imponer un límite de dos años en la celebración de los juicios de primer grado, otros dos en los de apelación, y dos más en el proceso ante el Tribunal Supremo.
Sin embargo, el presidente de la Cámara de los Diputados subrayó que será necesario que se destinen "mayores recursos económicos" al ámbito de la Justicia, que permitan acelerar los tiempos en un sistema judicial funcionarial, conocido por su lentitud y por sus plazos interminables.
Según el borrador publicado por los medios italianos, la nueva norma podría ser aplicada a los procesos en primer grado actualmente en marcha referentes a delitos que puedan ser castigados hasta con diez años de cárcel, a excepción de los casos relacionados con el terrorismo y la mafia, o de importante incidencia social como los asesinatos.
Esta norma podría favorecer a Berlusconi, puesto que podría comportar la prescripción de los dos juicios que debe enfrentar tras la invalidación por parte del Tribunal Constitucional de la ley de inmunidad a los cuatro más altos cargos del Estado.
Dos procesos pendientes
El primero es el del caso del abogado inglés David Mills, al que supuestamente Berlusconi pagó 600.000 dólares para que falseara su testimonio en dos procesos contra el primer ministro en los que éste fue absuelto, y que tendrá que comenzar desde el principio.
El segundo se refiere a las supuestas irregularidades en la compraventa de derechos televisivos de su grupo de comunicación Mediaset, que se reanudará el próximo 16 de noviembre.
A pesar de apoyar la limitación a seis años de los procesos, Fini se mostró contrario a la introducción de la llamada "prescripción breve", que contemplaba el recorte de los plazos de prescripción de los delitos cometidos antes de 2006 y castigables con penas máximas de diez años a un cuarto del tiempo actual.
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