EEUU solicitará la pena de muerte para los acusados del 11-S

EFE El Gobierno de EEUU solicitará la pena de muerte para el supuesto cerebro de los atentados del 11-S, Jalid Sheij Mohamed, y otros cuatro acusados de los ataques, a los que trasladará de Guantánamo a Nueva York para que sean juzgados en tribunales federales.

Mohamed y los otros cuatro detenidos -Walid bin-Atash, Ramzi Bin al-Shibh, Ali Abdul Aziz Ali y Mustafa al-Hawsawi- están acusados de orquestar los atentados del 2001 contra Washington y Nueva York en los que murieron unas 3.000 personas.

"Daré instrucciones a los fiscales para que soliciten la pena de muerte contra cada uno de los supuestos conspiradores del 11-S", afirmó hoy en rueda de prensa el secretario de Justicia estadounidense, Eric Holder.

Juzgados en Nueva York

Los acusados que serán trasladados a Nueva York serán juzgados en un tribunal cercano al lugar en el que en su día se erguían las Torres Gemelas destruidas en los atentados de septiembre de 2001.

"Tras ocho años de retrasos, los supuestos responsables de los atentados del 11 de septiembre de 2001 harán finalmente frente a la justicia", señaló Holder.

"Serán trasladados a Nueva York para responder por sus supuestos crímenes en un tribunal situado a sólo unos bloques de donde en su momento estuvieron las Torres Gemelas", subrayó.

Decisión controvertida

Se trata, con todo, de una decisión controvertida que fue criticada hoy por senadores republicanos como Jon Kyl, quien señaló en un comunicado que plantea "un riesgo innecesario" y defendió los tribunales militares para este tipo de casos.

Holder explicó que la decisión de que unos detenidos vayan a tribunales militares y otros a tribunales civiles federales responde a una serie de factores como la naturaleza de la ofensa, el lugar en el que esa ofensa tuvo lugar, la identidad de las víctimas y la forma en la que se investigó el caso.

El Congreso reformó recientemente las citadas comisiones y les prohibió que utilicen declaraciones obtenidas bajo tortura.

Los observadores señalan que la decisión de juzgar en tribunales federales a los presuntos cerebros del 11-S entraña riesgos para la Administración del presidente estadounidense, Barack Obama, ante la posibilidad de que alguno de los casos no prospere por algún tecnicismo jurídico.