Cameron obligará a los caseros a echar a los inmigrantes que se queden sin papeles

El encubrimiento se castigará con multas y hasta cinco años de cárcel - Más de 1.700 intentos de acceso al Eurotúnel tras un fin de semana de calma relativa

04.08.2015 | 02:00
Emigrantes junto a las vías del tren en uno de los intentos de acceder al Eurotúnel.

Los propietarios británicos de viviendas tendrán obligación de expulsar a sus inquilinos si, con el contrato de arrendamiento en vigor, estos dejan de tener papeles que les permitan vivir legalmente en el Reino Unido. Esta es una de las medidas drásticas -además de polémicas- incluidas en la ley de inmigración que el Ejecutivo del conservador David Cameron, que cuenta con mayoría absoluta, tramitará después del receso parlamentario estival.

La mano dura contra la inmigración ilegal fue anunciada ayer por el ministro de Comunidades, Greg Clark, en respuesta a la avalancha de indocumentados que desde hace más de una semana sufren las instalaciones de acceso al Eurotúnel en Calais (Francia). Unos 1.700 intentos de acceso se registraron en la noche del domingo y la madrugada de ayer, en contraste con la relativa tranquilidad vivida las noches del viernes y el sábado, en las que sólo hubo algunos cientos de tentativas.

Según lo que se ha dado a conocer del anteproyecto de ley, los propietarios de inmuebles tendrán que asegurarse en primer lugar de que no alquilan su propiedad a personas sin derecho a residir en el Reino Unido. En caso de que los inquilinos pierdan su permiso de residencia, les caduque el visado o se les deniegue la petición de asilo, los podrán expulsar de la vivienda, en algunos casos sin autorización judicial.

El Ministerio del Interior comunicará a los caseros el nombre de los solicitantes de asilo cuya petición ha sido rechazada. La futura ley de inmigración, que solo se aplicará en Inglaterra -otras regiones británicas tienen su propia normativa-, penalizará a los caseros que no lleven a cabo las comprobaciones necesarias antes de alquilar su propiedad o que no expulsen a los ilegales. El abanico de sanciones va desde una multa a penas de prisión que pueden llegar hasta los cinco años.

El director de la Asociación nacional de caseros, Richard Lambert, declaró que los nuevos requerimientos "pueden poner a la gente en peligro", pues resulta concebible que los inmigrantes opongan resistencia, se atrincheren o se defiendan "con todas sus fuerzas".

También se prevén medidas para castigar a los caseros que exploten a inmigrantes en situación irregular y les alquilen pisos y viviendas en malas condiciones, explicó el ministro.

"Estamos decididos a combatir con fuerza a los caseros que hacen dinero de la inmigración ilegal, explotan a gente vulnerable y socavan nuestro sistema de inmigración", aseguró. Añadió que "en el futuro, los caseros tendrán que asegurarse de que sus inquilinos tienen el derecho de permanecer en el país".

Además, el Gobierno ha sometido a consulta una nueva normativa para retirar la ayuda económica que se concede a las familias de solicitantes de asilo fallidos, de las que hay unas 10.000 en Inglaterra. El Gobierno conservador quiere hacer gala de mano dura contra la inmigración tras recibir duras críticas de la oposición y los medios por su gestión de la crisis de Calais, en la que privan los desencuentros con Francia pese a las apariencias de colaboración y normalidad.

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