La nueva ley antiterrorista egipcia incluye la pena de muerte y severas multas a la prensa

El presidente Al Sisi ratifica la norma, tachada por sus detractores de anticonstitucional y que blinda a las fuerzas de seguridad ante la Justicia

18.08.2015 | 01:05

Pena de muerte, multas a la prensa y blindaje de las fuerzas de seguridad ante la justicia son las tres caras más polémicas de la nueva ley antiterrorista egipcia, que ayer fue ratificada por el presidente Al Sisi tras haber sido aprobada en julio por el Gobierno.

La ley define como grupo terrorista a "toda entidad o banda formada por al menos tres personas, en el interior o en el exterior del país y de cualquier nacionalidad, que tenga el objetivo de cometer crímenes terroristas o use el terrorismo como medio para lograr sus fines". Se establece la pena de muerte o cadena perpetua para quienes funden, organicen o dirijan grupos terroristas o tengan altos cargos en ellos. Todo terrorista con formación militar será sentenciado a no menos de diez años de prisión, mientras que quien obligue a alguien a unirse a un grupo terrorista o le impida abandonar el grupo podrá ser condenado a cadena perpetua.

La legislación también alcanza a la financiación, castigada con cadena perpetua para los militantes y con pena de muerte si el dinero tiene como destinatario un grupo o la financiación de un acto terrorista. Por lo demás, la ley protege a las fuerzas de seguridad, ya que los encargados de aplicarla no serán presentados ante la justicia por usar la fuerza en el ejercicio de sus funciones o al protegerse de un peligro.

La mayor controversia sobre la ley la desató un artículo, luego modificado, que preveía penas de hasta dos años de cárcel por publicar de "forma intencionada" noticias que no sean "verídicas" sobre "cualquier operación terrorista" y que "contradigan de alguna forma las informaciones oficiales". A raíz de las críticas, el Gobierno mudó la pena de prisión por multas severas, que van desde el equivalente a 23.000 euros hasta el equivalente a 57.500 euros.

Hasta 17 organizaciones egipcias de derechos humanos denunciaron en julio que el proyecto de ley era un "asalto flagrante" a la Constitución y un "ulterior desgaste de lo que queda del sistema de justicia" del país. Además, partidos y ONG exigieron que su aprobación se retrasase hasta la elección del Parlamento.

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