Una mayoría de diputados, a favor de que el juicio a Rousseff siga adelante

Una comisión especial de la Cámara decidirá mañana si lleva al Pleno el proceso de destitución

10.04.2016 | 01:41

La mayoría de los miembros de la Comisión Especial de la Cámara de Diputados que analiza la apertura de juicio político a la presidenta brasileña, Dilma Rousseff por maquillar las cuentas del Estado defendió ayer la continuidad del proceso en un debate que duró más de 13 horas y se prolongó hasta las cinco de la madrugada.

De los 60 diputados que se inscribieron para participar en el debate, 39 defendieron que la comisión apruebe el informe presentado el jueves por su relator, que recomienda la apertura del juicio político con fines de destitución. Solo una veintena de legisladores alegó que no hay base jurídica para la apertura del proceso y que, en caso de que el Congreso siga con él, estaría impulsando una ruptura constitucional. Uno de los parlamentarios se declaró indeciso.

El debate precedió a la votación programada para mañana, en la que los diputados decidirán si aprueban o rechazan el informe del instructor y dan luz verde al proceso. Si votan a favor el caso será remitido al pleno de la Cámara de Diputados que tiene que pronunciarse este mes.

Si en esa instancia es aprobado por mayoría cualificada de dos tercios (342 de 513 votos), pasará al Senado, cuyos 81 miembros decidirán, por mayoría simple, si dan su visto bueno al juicio. De llegarse a ese extremo, Rousseff tendrá que separarse del cargo durante 180 días, plazo que tiene el Senado para juzgarla. Mientras dure el juicio sería sustituida por el vicepresidente Michel Temer, quien completaría el mandato presidencial si el Senado se inclinase por la destitución.

El instructor afirma que una denuncia le permitió identificar indicios de que Rousseff practicó actos que pueden ser enmarcados en dos de los "crímenes de responsabilidad" previstos en la Constitución para su destitución: la contratación de créditos adicionales por decreto presidencial y la contratación ilegal de operaciones de crédito.

Para el instructor, las maniobras con las que el Gobierno se endeudó con bancos públicos para financiar gastos corrientes sin que estos apareciesen en los balances fiscales constituyen "crímenes de responsabilidad".

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