JOSÉ ANTONIO PORTERO MOLINA La señora De Cospedal no ha reaccionado con la mesura en ella habitual a la presión del gobierno y del PSOE, muy fuerte siempre y agobiante ahora a propósito de los asuntos de corrupción que protagonizan importantes dirigentes locales y autonómicos populares. Se equivoca el PP si piensa que acusando al gobierno de acosarle, directamente o manipulando a jueces y policías, suavizará las consecuencias de los episodios de corrupción de Madrid, Valencia y, por lo visto, de Mallorca también. Más allá de las filtraciones de sumarios, de la torpeza de la vicepresidenta exhibiendo su poder sobre la fiscalía y de las escuchas a Trillo, ¡para cuando su jubilación!, lo cierto es que el Gürtel, lo de Camps y lo del velódromo de Jaume Matas, confirman que Génova tiene un problema serio en esas comunidades donde el PP ha gobernado con varias mayorías absolutas. Un problema que sólo se resuelve probando la falsedad de las acusaciones o con expulsiones.

Ni siquiera la exculpación de Camps servirá de mucho a los conservadores. No "ha ganado la Justicia" como dijo Rajoy, ha triunfado el enredo sobre el buen derecho. El artículo 426 del Código Penal dice lo que dice y los dos miembros de la sala que ha resuelto el recurso han retorcido su letra a base de bien. En el 426 CP se castigan dos conductas distintas y perfectamente distinguibles del funcionario o autoridad. Primero, la de quien admite regalos ofrecidos en consideración a su función. Segundo, la de quien los admite para la consecución de un acto no prohibido. La conducta de Camps y los demás no encaja en el segundo tipo porque no intervinieron con actos concretos en las adjudicaciones, pero encajaba y era subsumible en el primer tipo o, por lo menos, era dudoso que no encajase y, por consiguiente, el recurso debió rechazarse abriendo el camino al juicio oral. El amiguito del alma al que Camps quiere un huevo no le obsequia a él y a su familia, discreta y continuadamente, con regalos costosos por admiración o cortesía, como hace, ese sí por cortesía y ocasionalmente, el presidente cántabro con las anchoas, sino porque cuenta, y para seguir contando, con su favor y con toda la influencia que sobre la administración autonómica emana, por su cargo y función, del honorable Camps. El presidente del TSJ, que por amistad no debió intervenir, y su otro colega han considerado que El Bigotes es una especie de memo admirador de todas las autoridades valencianas a la vez, a las que obsequia porque le emocionan sus desvelos por el buen pueblo valenciano o, simplemente, porque sí, sin que sus continuos y caros regalos tengan que ver con sus actividades y relaciones mercantiles con la Generalidad ni con la función de aquellas autoridades. Ellos dos y la alcaldesa de Valencia, que encuentra toda esta indecencia muy divertida y muy normal, deben ser los únicos del mundo en creer su propia y simple invención.

Tampoco ha sido acertada la reacción del PP valenciano contra la socialista Leire Pajín. Someterla a un examen de valencianidad para ser senadora por designación de las Cortes valencianas, es un abuso de la mayoría popular en esa cámara. Estos senadores no representan a sus parlamentos y en el Senado se integran en el grupo parlamentario de su partido que, lógicamente, interpreta la valencianidad o la galleguidad o la canariedad a su manera. El PP valenciano, cabreado, disparata.

Que las hinchadas de Camps y Barberá, de Aguirre y Gallardón, volverán a apoyarles en autonómicas y locales parece más que probable, pero a quien tiene que convencer Rajoy es a ese millón y medio de votantes de toda España que deciden el resultado de las generales. No son forofos ideologizados y cambian su voto con entera libertad en función de distintas variables entre las cuales el grado de decencia política de los cargos públicos no es la menos importante. Algo más que confiar ciegamente en su gente debería de hacer Rajoy en estos casos. Por lo menos no mostrarse tan sonriente y amistoso con quienes están en el ojo del huracán.