JOSÉ LUIS QUINTELA JULIÁN . s imposible sustraerse mediáticamente a la tormenta desatada en Valencia a raíz de las investigaciones sobre presuntas corrupciones al más alto nivel político en la comunidad. Una tristeza colectiva la de la más mínima corrupción, por parte de quien sea, en la vida política, independientemente de cuál sea el resultado final de los diferentes caminos por los que discurre hoy la justicia en relación con este tema o con cualquier otro parecido. ¿Por qué? Porque la democracia es lo más precioso que tenemos, y todas las personas que ostenten puestos en las instituciones democráticas, unipersonales o colegiadas, desde la inspiración ideológica que sea, debieran ser adalides de la misma, obrando con exquisita prudencia en todos los ámbitos de sus vidas públicas y privadas.

Cuento esto porque sorprenden, en términos de independencia y ciudadanía, algunos de los términos con que se adereza la reciente resolución del Tribunal Superior de Justicia de Valencia para revocar la posible imputación del presidente de la comunidad autónoma en la trama de corrupción que ha salpicado últimamente a dirigentes públicos valencianos. Bueno, será así, que para eso los magistrados firmantes son los competentes en la materia y los designados por el pueblo para la impartición de la justicia. Pero la admisión de la existencia probada de un acto de "cohecho pasivo", independientemente de que no proceda la imputación de la persona, entra dentro de un marco contradictorio, para mí, con lo que contaba en el primer párrafo. Una cosa es lo que parece que marca el Código Penal y otra, bien distinta, la ética y vida pública ejemplar que han de tener aquellas personas que eligen el camino del servicio a los demás desde las instituciones. Y todo ello, reitero, desde la independencia política y haciendo un análisis ético y de lógica institucional. Otra cosa es la materia penal en la que, por lo que se ha publicado, ha recurrido la Fiscalía.

Todo es cuestión de valores. Yo, como ciudadano, no le pido a tal o cual representante público que vaya hecho un pincel, o que sea un ejemplo de glamour o elegancia, valor este cuya consecuencia imagino que son los tristemente famosos trajes a medida. Sí le pediré, en cambio, transparencia en el gasto, sobriedad en las formas y acierto en sus políticas. Esos son algunos de los valores que me importan. Y que, en la vida pública española, parece que están quedando a veces en un segundo plano. ¿Se dan cuenta de lo poco que se habla, en tiempo electoral, de los programas reales de los partidos? El último caso, escandaloso, tuvo lugar en las elecciones europeas? ¡Nadie hablaba de Europa!

Así las cosas, ya vemos cuál es el resultado: generaciones enteras a las que no les importa en absoluto la esfera de lo público y, lo que es más grave, una enorme brecha entre los gestores de las cosas de la política y los verdaderos dueños del Estado, las ciudadanas y ciudadanos. Un estado de las cosas que preocupa, porque agranda el espacio de los decepcionados, de los descontentos y de los que salen por la tangente de la democracia. Es el perfecto caldo de cultivo para los partidos xenófobos y los intolerantes, así como los que proponen directamente la jungla. Ese descrédito de la política ha ido por delante en otros países europeos, y les aseguro que su existencia es directamente proporcional al fracaso de la acción del Estado en múltiples materias. Es necesario dignificar la praxis pública y para eso, aunque eso no sea delito, no se pueden aceptar dádivas de doce mil euros de empresas que concursan en el ámbito territorial en el que somos institución. Aunque sea en algo tan sumamente peregrino como trajes a medida.

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