. s más que frustrante que comience el curso universitario -los alumnos de las titulaciones adaptadas al nuevo espacio europeo de educación superior, el denominado plan Bolonia, inician el lunes las clases- igual que el año pasado: los tres rectores gallegos se quejan de la falta de un plan de financiación, temerosos de un severo recorte económico en los fondos procedentes de la Administración gallega, el presidente de la Xunta -entonces Emilio Pérez Touriño y ahora Alberto Núñez Feijóo- llama a la austeridad y a la contención en el gasto e insinúa una merma de los recursos como consecuencia de la recesión; y los alumnos siguen sin disponer de una plaza universitaria pública en el campus de A Coruña pese a transcurrir dos décadas desde la creación de la institución académica coruñesa mientras en los tablones de las facultades y escuelas universitarias se cuelgan ofertas de alquiler en galpones e infraviviendas en los chalés de A Zapateira, construcciones consideradas ilegales por incumplir la normativa urbanística y de habitabilidad.

Y lo peor es que las mismas quejas, las mismas deficiencias y la misma parálisis parece formar parte de un enfermizo ritual que se repite en cada apertura de curso de un sistema universitario gallego rígido en la gestión, carente aún de un programa planificado en investigación y desarrollo, asfixiado por el excesivo y en ocasiones injustificado gasto e incapaz de adaptarse a las nuevas demandas laborales y empresariales.

A los gestores universitarios, y nos les falta razón, les gustaría que la Xunta viese la educación universitaria como una inversión y no como un gasto "más o menos moldeable", como le expuso el rector José María Barja a Alberto Núñez Feijóo en el inicio del curso académico en la Universidad de A Coruña. Pero si para los rectores la financiación pública en la educación superior es la apuesta más valiente para llegar a un nuevo modelo económico basado en el conocimiento y la investigación frente a un sistema fracasado que pivotaba sobre el "ladrillo y el asfalto", para la Xunta el dinero no es ilimitado y la crisis obliga a apretarse el cinturón, ser responsables y seleccionar "uno a uno" los proyectos universitarios subvencionados.

Aunque estos planteamientos puedan parecer incompatibles, en realidad son las dos caras de una misma moneda. Actuarían los rectores como unos irresponsables si no estuvieran preocupados por la difícil y compleja situación financiera y económica negándose a asumir una austeridad y unos esfuerzos solidarios como merece la actual crisis que en nada, sin embargo, debería afectar a los programas de investigación y desarrollo, a las infraestructuras científicas y centros tecnológicos, a la formación de profesionales de calidad y a la transferencia de los conocimientos universitarios, sobre todo de patentes, a la sociedad.

Pese a que el arranque del curso académico no es nada prometedor al menos en el Parlamento de Galicia se ha llegado a un acuerdo entre las tres principales fuerzas políticas gallegas, PP, PSOE y BNG, en el que se insta a la Xunta a elaborar una ley de universidades que incluya una memoria económica que garantice una financiación suficiente que permita a los centros converger con la inversión media de la enseñanza superior en la Unión Europea.

Blindar la financiación universitaria de los debates políticos y firmar un gran pacto que posibilite llegar a corto plazo a cumplir con el objetivo de destinar el 1,5% del PIB a la enseñanza universitaria, el porcentaje de la media europea en los países más avanzados, acabaría por fin con el penoso complejo que tienen los rectores de aparecer como unos pedigüeños y la Xunta como una cicatera. Definir y aprobar un nuevo modelo de financiación de la enseñanza superior en Galicia, ajeno a las tormentas políticas y financieras, es la mejor enseñanza que pueden dejar los rectores y la Xunta para huir de la mediocridad y lograr la excelencia académica.