FERNANDO GONZÁLEZ MACÍAS . s una especie de liturgia que se repite invariablemente cada año por estas fechas. Tiene mucho de ritual. La Xunta convoca a los principales grupos políticos y a los llamados agentes sociales para anticiparles las líneas maestras de los presupuestos autonómicos del año siguiente. Esta vez, junto a un cierto cambio de papeles y más allá de algunas caras nuevas entre los protagonistas de una ceremonia, hay algunas significativas novedades, que no conviene pasar por alto. La principal, que hay un nuevo gobierno, y con él otro esquema organizativo, que comporta, por primera vez, la separación de la política económica de la estrictamente presupuestaria. A sindicatos y empresarios se les hace extraño intercambiar puntos de vista sobre los orzamentos con la conselleira de Facenda, cuyas competencias reales se reducen a poco más que la gestión de los ingresos y la fiscalización del gasto. La señora Fernández Currás no es José Antonio Orza, ni siquiera Fernández Antonio. Porque carece de perfil político y, lo que es más importante, porque sus interlocutores saben que no tiene apenas capacidad de decisión sobre el destino de los fondos que administra. De eso se ocupa el conselleiro de Economía e Industria, que mejor debiera llamarse de promoción económica, en razón a su auténtico cometido. Javier Guerra actúa bajo la dirección estratégica del propio presidente, al que la macroeconomía no le entusiasma, como a la mayoría de los mortales, si bien parece tener las ideas claras sobre el papel de la administración autonómica en el juego de la economía real. También esta vez, representantes sindicales y patronales se quejan a media voz de la escasa información concreta que obtienen de las casi protocolarias reuniones en San Caetano. Coinciden en que no sirven para nada. Alguno las tacha de un paripé, un mero trámite que le permite al Gobierno hacerse las correspondientes fotos y a los demás actores, sobre todo a los grupos políticos, poner en la escena mediática sus posicionamientos previos, en base a cuatro afirmaciones tomadas de su respectivo argumentario. Nadie suele salirse del guión prestablecido, ni aunque sus interlocutores le dieran pie para ello.

Este año, sin embargo, se ha generado un todavía incipiente debate sobre la previsión de crecimiento de nuestra economía, a partir de la cual se construye el entramado presupuestario. Nada menos que un 0,7% cree la Xunta de Feijóo que crecerá el PIB gallego a lo largo de 2010. Según los expertos, no es una estimación descabellada, aunque sí demasiado optimista para un marco general, el español, que a decir de los más acreditados predictores, seguirá en recesión todo el año que viene. Hasta alguien tan poco sospechoso de antigubernamentalismo como Antonio Fontenla, el patrón de patronos, considera poco realista semejante escenario y se lo hace saber a la conselleira, curándose en salud por la parte que le toca al empresariado: por más que el Gobierno popular se vuelque en obra pública e incentivos a la inversión privada, aunque el Xacobeo funcione a las mil maravillas, hoy por hoy parece imposible que Galicia pase de la recesión a la recuperación en pocos meses. La mayoría de los analistas concuerdan en que es malo enviar a los actores económicos mensajes en exceso pesimistas o derrotistas. Claro que puede ser aún peor presentar un panorama que, por pura virtualidad, se parezca demasiado a los mundos de Yupi. Y es que la implacable realidad ejerce un efecto, no ya erosionador, sino incluso demoledor, que además de poner a cada uno en su sitio, deja en evidencia a quienes se creen capaces de generar unas expectativas que nunca se cumplirán sin producir frustración. En los gobernantes, ciertamente se premia la capacidad de generar ilusión. Ahora bien, desafiar al sentido común tiene un elevado coste político, en todo caso inasumible para aquéllos que presumen de pragmáticos. A esos la gente de la calle les suele pasar una costosa factura.

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