CARLOS F. MONTERO CARLOS F. MONTERO ES ABOGADO AMBIENTAL Alo largo de este verano los medios de comunicación gallegos fueron abundantes en noticias sobre vertidos contaminantes a las rías. Esto no es un fenómeno nuevo sino que se produce con reiteración. En la mayoría de los casos el tipo de vertido y su origen es el mismo. Aguas fecales procedentes de la red de saneamiento municipal. La causa conocida es que dichas redes de saneamiento están mal dimensionadas y peor mantenidas. Si a esto añadimos que durante el verano el número de usuarios del saneamiento de pueblos y ciudades costeras se incrementa por la afluencia de visitantes, tendremos un primer diagnóstico del problema. Por su parte la reciente burbuja inmobiliaria ha impermeabilizado buena parte del suelo municipal, convirtiendo cualquier chaparrón en un pequeño tsunami que anega depuradoras y revienta tuberías. En definitiva una catástrofe ambiental de baja intensidad. La dimensión del problema crece por que está amenazando seriamente cerca del 10% del PIB gallego que proviene de la actividad marisquera y pesquera de las rías. De momento las banderas azules no se ven afectadas. La ría del Burgo es solo un ejemplo más.

Los ayuntamientos españoles tienen un problema fiscal endémico. Están mal financiados y parte de sus ingresos provienen de su actividad urbanística. En Galicia este problema se agudiza por el número, dispersión y distribución territorial de su planta municipal. Es realmente caro y complicado prestar servicios ambientales básicos de calidad a dos millones setecientos mil habitantes esparcidos en trescientos quince ayuntamientos. Con este perfil demográfico la fosa séptica se había convertido en la reina del saneamiento gallego hasta que la Unión Europea publicó, hace ya dieciocho años, la Directiva 91/171/CEE sobre depuración de aguas residuales urbanas.

Esta norma obligaba a los Estados miembros a dotarse de redes de saneamiento y depuración adecuadas para garantizar la calidad de las aguas comunitarias. Para ello los Estados podían disponer de los instrumentos financieros europeos al efecto (FEDER, LIFE?) Como respuesta al reto de la Directiva 91/171/CEE, la Xunta creó, en 1993, la denominada Administración Hidráulica de Galicia constituida por Aguas de Galicia, como órgano de dirección, gestión y vigilancia y la Empresa Pública de Obras y Servicios Hidráulicos como promotora y gestora de redes de saneamiento y depuración. Después de varios años de un importante esfuerzo inversor hoy la Xunta gestiona en torno al 75% de estas infraestructuras. La mayor parte de esta red da servicio a un gran conjunto de ayuntamientos que por su dimensión no podrían afrontar estas obligaciones por sí solos. A pesar de todo, sobre Galicia pesan varias sanciones por incumplir la directiva o hacerlo con retraso. La ría de Vigo es el caso más emblemático.

No obstante este esfuerzo ha tropezado reiteradamente con un problema también endémico, especialmente en los ayuntamientos más grandes y mejor dotados. La renuencia de los responsables políticos locales a afrontar obras de su competencia que son caras, poco visibles, y cuya duración hace que no puedan ser inauguradas por su autor en plena campaña electoral. Las obras ambientales, y estas lo son, tienen la peculiaridad de que nadie, ni políticos ni ciudadanos, les da importancia hasta que su ausencia o mala gestión generan un conflicto o tragedia. Todo va bien mientras podamos darnos un chapuzón en la playa o comer vieras frescas sin acabar en urgencias. Mientras tanto nos hemos gastado miles de millones de fondos europeos en ocurrencias de todo tipo. Servidumbres de la autonomía municipal.

En estos momentos la Xunta está afrontando un proyecto de gran importancia. La Ley de Aguas de Galicia. Se trata de un proyecto tan ambicioso como necesario. Concentra y delimita competencias, establece instrumentos técnicos y financieros y refunde toda la legislación dispersa en una sola disposición. Su objetivo es adaptarse a la nueva Directiva Marco del Agua. Esperemos que este nuevo marco legislativo hidráulico sirva para poner orden y resolver todos estos problemas y sobre todo para cortar la inveterada costumbre municipal de endosarle a la Xunta la responsabilidad de los problemas caros y poco vistosos, sobre todo si su gobierno es de distinto signo. A partir de ahora tendrán que optar entre inauguraciones, saneamiento o que lo haga otro, pagando, claro.