JOSÉ LUIS QUINTELA JULIÁN . n la breve historia de la joven democracia española, la moción de censura es un procedimiento constitucional que se ha manejado con prudencia y grandes dosis de institucionalidad en lo tocante al Gobierno de la nación. A pesar de los escarceos constantes, de las descalificaciones casi crónicas entre algunas fuerzas políticas o de los planteamientos de debilitación extrema del contrincante, independientemente de que con ello se socaven las bases de temas importantes, hay que reconocerles a nuestros gestores que han sido cautos en la aplicación de tal herramienta de la lógica parlamentaria. Con tal espejo en nuestras instituciones de Madrid, cabría esperar lo mismo en otros foros de gobierno y gestión de nuestras cosas y vidas.

Pero resulta que no. En el ámbito del municipalismo, ese que goza de la característica de ser el más próximo a la ciudadanía, la acción va por otros derroteros. Es más, empieza a preocupar -si no lleva tiempo haciéndolo- la utilización en serie de procedimientos excepcionales, y no siempre encaminados a buscar el bien común o a romper el enquistamiento de una situación insostenible de desgobierno.

La utilización de la moción de censura en el municipalismo español empieza a cheirar. Primero, porque necesita de una tipología peculiar de concejal, al que se ha acuñado con el término de tránsfuga, que decide en un momento dado abandonar el credo que le ha aupado al escaño, y utilizar el cheque en blanco a cuatro años de la ciudadanía para ponerlo al servicio de quien él estima oportuno. Y, segundo, porque siempre hay en esos casos un partido político -comúnmente uno de esos serios y de toda la vida- que no duda en utilizar la peculiar situación de orfanato político del primero para sumar su voluntad y su voto y, así, cambiar el equilibrio político del concejo en cuestión. Dos cosas, dos, que todo el mundo cuestiona, pero que siguen funcionando en toditas las mociones de censura que hoy se siguen firmando en nuestro país. Miren, yo comprendo que la vida da muchas vueltas, que todos nos volvemos creyentes y descreídos con las personas y con los grandes discursos políticos, y que no se puede decir "de este agua no beberé". Pero, fruto de darle unas vueltas, creo sinceramente que habría que amarrar un poco mejor la legislación para asegurar que el transfuguismo desaparece de nuestra escena política. Y no piensen que estoy hablando de ética o de declaraciones de intenciones de los partidos, que de eso ya hay y no sirve? No, me refiero a la ley. Con medidas contundentes que impliquen que el voto resida donde el pueblo lo ha dejado?

Creo sinceramente que si un concejal deja de creer en el proyecto que le dio el voto, lo más honrado que puede hacer es irse -del partido y del pleno-, pasando su acta al siguiente en la lista de su formación política. Si esto lo unimos a un esquema de listas abiertas -más plurales y democráticas-, entonces el siguiente podría ser ya no el más votado de su partido, sino el más votado a continuación, independientemente de su credo político. Siempre sobrarán elecciones para concurrir en un futuro, una vez explicado a la ciudadanía el cambio de proyecto político a que uno tiene derecho a acogerse. Pero nobleza obliga, y lo que no puede uno es llegar siendo rey de bastos y, seguidamente, figurar como sota de copas. No es de recibo.

Silleda, Láncara, O Caurel, Trives, Abegondo, Gondomar, Santa Comba? Pero también Mos o, más lejos, Benidorm o tantos otros? ¿Qué pasa? ¿Se trata de una nueva estrategia política o tan deteriorada está nuestra democracia como para poner en marcha un procedimiento tan excepcional de una forma tan masiva? He ahí la cuestión?

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