FERNANDO GONZÁLEZ MACÍAS En apenas unos días se ha desatado en la Galicia sur un movimiento frontalmente contrario a una eventual fusión de las cajas de ahorros. Por algo será. El primero en dar un paso al frente fue el Círculo de Empresarios de Vigo. De inmediato le secundaron las cámaras de comercio y algunas organizaciones sociales de diferente signo, que por su notable influencia -tiempo al tiempo- acabarán obligando a las instituciones públicas a posicionarse en este asunto, por incómodo que les resulte al tratarse de lo que se trata: del poderoso caballero Don Dinero.

Por ahora, es una estrategia defensiva. Temen que el poderoso lobbie del Norte, que ya tiene aliados incluso en el propio Gobierno autonómico y una muy notoria influencia mediática, acabe forzando a la Xunta a impulsar una operación por la que Caixa Galicia absorba a Caixanova y concentre en A Coruña prácticamente todos los resortes del poder financiero de este país. La calculada indefinición de Núñez Feijóo en este asunto, por más prudente que pretenda ser, alimenta los temores suristas, a la vez que resucita el fantasma del victimismo de una ciudad que, a día de hoy, sigue considerándose sistemáticamente maltratada y marginada por la Administración gallega, gobierne quien gobierne.

El Club Financiero vigués, al tiempo que desata lo que puede ser un frente más en las disputas localistas, pone sobre la mesa argumentos muy sólidos para evidenciar que una fusión de ese tipo, con independencia de quién absorba a quién, acarrearía serios perjuicios de toda índole, empezando por una masiva destrucción de empleo, además de generar una situación de monopolio de facto en muchas zonas de la comunidad, no sólo del rural profundo. Eso, sin contar con la acumulación de riesgos, que alcanzaría un nivel más que peligroso, dada la delicada situación de partida de una de las entidades a fusionar.

Ahora sólo falta que, de una vez por todas, los partidarios de la caja única, empezando por los de buena fue, aquellos que no tienen intereses creados, esgriman las razones que sustentan su postura más allá de la fraseología manida de que es conveniente para el país tener una gran entidad financiera al servicio de sus sectores productivos y respaldando la política económica y social del gobierno de turno. Uno sigue preguntándose cómo puede ser bueno para Galicia lo que, por reducir la competencia en el sector, no es bueno para los gallegos, para las familias y las empresas, que son los verdaderos clientes de las entidades bancarias (y no las instituciones o los partidos políticos, que mantienen con ellas una relación casi parasitaria).

Si el actual poder autonómico lo tiene tan claro como parece, si está convencido de que con la fusión Ourense-Pontevedra-Vigo hicimos a tiempo los deberes, y que la coexistencia de dos cajas bien dimensionadas, competiendo y cooperando, no sólo es viable, sino deseable, no hay razón para mantener por más tiempo el suspense. Su exagerada prudencia puede empezar a confundirse con tibieza, o con no saber lo que quiere (que aún sería peor) y con ello no sólo da alas a la oposición política a la hora de atacar por ese flanco, sino que alienta expectativas perniciosas, que convendría cortar cuanto antes y por lo sano.

Lo que habrá que agradecer a los nuevos inquilinos de San Caetano es que, mientras se desencadena la enésima confrontación Norte-Sur, esta vez con munición financiera, a la chita callando se avance en la puesta al día de ciertos aspectos del funcionamiento de las cajas que -haya una o dos- no se compadecen con las exigencias del buen gobierno y de la transparencia. Claro, que habrá que seguir esperando por una ley que meta el diente a hueso duro de roer: la verdadera democratización de sus estructuras internas, que legitime a la vez que blinda a sus gestores frente a las inevitables presiones políticas.

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