La creciente politización de todo lo relacionado con el uso del idioma en Galicia amenaza en los últimos tiempos con desembocar en un conflicto abierto en una comunidad donde hasta hace bien poco imperaba la paz lingüística. ¿Qué ha pasado para que esta situación diese tal giro? Fundamentalmente, que los partidos han roto un inteligente consenso que evitó durante más de dos décadas de poder autonómico que en Galicia germinasen conflictos que se han instalado como males crónicos en otras comunidades. Lo de menos en este problema es que fue antes, si el huevo o la gallina, es decir, la propuesta de derogación del decreto de regulación del uso del gallego en la enseñanza por parte del actual gobierno del PP, que ha movilizado recientemente en las calles a la militancia opositora, especialmente la nacionalista, o determinadas actuaciones del bipartito en la política educativa que pudieran haber sido interpretadas como imposiciones lingüísticas por muchos padres y que igualmente movilizó a un sector del partido conservador en las vísperas de las últimas elecciones autonómicas que dieron el triunfo a Feijóo. La cuestión clave es que el sentido común de la clase política gallega que mantuvo desactivada durante años la espoleta lingüística parece haber desaparecido. El último capítulo de esta escalada ha sido el pleno del Ayuntamiento de A Coruña sobre la cooficialidad del topónimo, en el que la escasa enjundia del presunto conflicto queda al desnudo ante la paradójica postura del alcalde, que mantiene posiciones, en apariencia, contradictorias sobre el asunto, ya que, por una parte, ha pedido en una carta a Feijóo la cooficialidad del topónimo, y, por otra, rechaza en el pleno la propuesta del PP en la que se instaba a la Xunta a modificar la ley para el uso oficial del topónimo La Coruña. Contradicción de la que tampoco se libra el PP, ya que cuando gobernaba en la Xunta Fraga defendió ante los tribunales, frente a los intentos del Gobierno local de usar también La Coruña como nombre oficial de la ciudad, el topónimo en gallego como única opción válida. Da la impresión de que el idioma se ha convertido en un arma oportunista que se esgrime cuando conviene políticam ente y de que los intereses ciudadanos son apenas convidados de piedra en estos rifirrafes partidistas.

Es un hecho incontestable confirmado por todas las encuestas que el uso del gallego se encuentra en un permanente declive, lo que podría tachar de insólitas las medidas tendentes a la protección del castellano. Pero también lo es que el desangramiento del gallego no es un fenómeno achacable a decisiones adoptadas por este o aquel gobierno, ya que paradójicamente la sangría del gallego se ha venido acentuando desde la llegada de la autonomía, con sus leyes de promoción de la lengua autóctona, entre ellas la implantación de medios de comunicación públicos en los que se utiliza sólo el idioma vernáculo. El verdadero problema es sociológico más que político, al existir una ruptura generacional de transmisión de una lengua que las últimas generaciones -que no han conseguido sacudirse aún el estigma de la emigración como medio de vida- han asociado al atraso económico y social, a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, con el catalán, identificado con las clases medias y altas. En este sentido, la mejor promoción del idioma no serían las leyes lingüísticas, sino la consecución de una notable mejora en los índices socioeconómicos de una comunidad que suelen estar en los últimos puestos del ranking español.

Curiosamente, una de las voces más autorizadas internacionalmente sobre cuestiones lingüísticas es un coruñés, el catedrático de biolingüística de la universidad estadounidense de Maryland Juan Uriagereka, discípulo y colega de Noam Chomsky, quien recientemente analizó las claves del conflicto lingüístico en Galicia para este periódico. El intelectual coruñés defiende el multilingüismo no sólo desde la perspectiva cultural sino biológica, al considerar que el manejo simultáneo de varias lenguas desarrolla la inteligencia. Pero precisa que es un estadio cultural y educativo que sólo se puede diseñar desde la conciliación y el consenso. Al tiempo que manifiesta que sería imperdonable la pérdida de siglos de riqueza atesorados en el patrimonio del gallego, es igualmente crítico con ciertos métodos para conseguirlo: "Los que defendemos el gallego, en vez de imponer, tendríamos que encandilar". El colaborador coruñés de Chomsky apunta que una solución sólo será posible dejando el supuesto conflicto al margen de la batalla partidista.

La disputa política en torno al idioma resulta especialmente perniciosa en el sistema educativo, que no puede cambiar de paso cada cuatro años según el color del gobierno. Al igual que las dos grandes formaciones políticas se están esforzando por cerrar un pacto educativo en España que ponga fin al actual caos, se espera de la clase política gallega responsabilidad, generosidad y sentido común para establecer un marco educativo y lingüístico consensuado para que las futuras generaciones aúnen la conservación de un patrimonio propio con la modernidad y el respeto democrático que exigen los tiempos, ahuyentando así el fantasma de una comunidad dividida por su educación lingüística.