FERNANDO GONZÁLEZ MACÍAS Con el paso de los días, se ve a las claras que el de Castro de Rei es un caso de corrupción un tanto diferente a los que afloran como hongos en media España y a los que la otra media asiste sin el más mínimo estupor, dado el general convencimiento de que nuestra vida pública es, a día de hoy, una enorme ciénaga. Por no tener, la operación no tiene ni nombre. Nadie se ha molestado por ahora en bautizar el operativo desencadenado de rebote, casi sin querer, cuando se investigaba una de esas tramas delictivas que tiene a la provincia de Lugo convertida en una versión rural de Miami Vice.

Llama la atención la cautela con que se conducen en este asunto los principales dirigentes políticos. Por primera vez en mucho tiempo, los líderes coinciden en defender la presunción de inocencia del alcalde y los concejales implicados, que la jueza deja en libertad, sin fianza pero con los típicos cargos de tráfico de influencias y prevaricación. Ya ni con la boca pequeña se atreve nadie a pedir responsabilidades políticas, aunque en el primer momento se escuchasen palabras muy gruesas, de las que alguno puede estar incluso arrepentido, al revés de lo ocurrido en otros casos, donde se entró a degüello desde el minuto uno.

Hasta Alberto Núñez Feijóo enmienda la plana a sus subalternos pidiendo prudencia en este asunto. Tal vez escuchó la voz del ex alcalde popular de Castro de Rei mostrando su extrañeza y hasta una cierta incredulidad, porque puedan ser acusados de corruptos, con todas las letras, individuos a los que se tenía por gente honrada, que no dio motivos de desconfianza ni antes ni después de acceder al gobierno municipal. Porque, además, aquello no es Santa Coloma, ni Estepona, ni Marbella, ni siquiera Nigrán o Gondomar. El municipio no da para grandes ni medianas corruptelas, como mucho para algún chanchullo, de los que no escandalizan a nadie. Según cuentan las crónicas, había alguna gente del Partido Popular, públicamente significada, en la concentración ciudadana de apoyo a los detenidos el día después de que se los llevaran presos en uno de esos aparatosos despliegues policiales cuyos responsables suelen justificar, no por la peligrosidad de los delincuentes, sino por la necesidad de protegerlos de las iras de sus convecinos.

El caso es que en Castro de Rei no hubo indignación, ni cajas destempladas. No corrió peligro la vida de los artistas. Lo que reinaba era un gran desconcierto, porque nadie entiende nada.

Puede que la juez Estela San José -tal vez porque no le quedó más remedio al descubrir sin querer algo que ni se abría molestado en buscar- haya traspasado la línea que en la conciencia ciudadana separa lo comprensible de lo intolerable. Su señoría va demasiado lejos, como si todo el monte fuera orégano. La gente del común entiende hasta plausible que sus gobernantes municipales barran para casa y, si tiene ocasión, primen a los empresarios locales frente a los de fuera en la adjudicación de obras y servicios, aunque tangencialmente se beneficie algún familiar. Y es que en pueblos pequeños lo contrario es casi imposible, por la intrincada extensión del parentesco. En el imaginario popular, eso no se considera anómalo. Es lo suyo.

No es que perdonen la corrupción. Es otra cosa. A la mayoría de los vecinos de Castro de Rei tal vez les desagrada descubrir repentinamente, que en el fondo, por aceptarlos y tolerarlos, son cómplices de graves delitos que a ellos no les parecen tales. De ahí que, por connivencia, arropen a "sus" delincuentes con una actitud que los demás no entendemos hasta que nos toca de cerca y entonces descubrimos que comportamientos como los de esa gente son hasta de agradecer, porque sus irregularidades redundan en el interés general, aunque sea el de ámbito local, es decir, en el de andar por casa.

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