MATÍAS VALLÉS El PP ha vivido esta semana su mayor crisis desde la anterior, ocurrida hace dos semanas. La presidencia irrefutable de Rajoy se ha tambaleado ante los zarpazos de figuras de singular relevancia, tales que el vicealcalde de Madrid -la mayoría de españoles desconocen el nombre del número dos de sus respectivos ayuntamientos-, una presidenta provincial -Esperanza Aguirre- y un secretario regional -porque los vaivenes en curso obligan a ser muy cautos a la hora de adjuntar la partícula ex a Ricardo Costa-. Pocos estadistas han tenido que enfrentarse a enemigos de semejante poderío. Dado que la controversia emplea como subterfugio la presidencia de Cajamadrid, las facciones enfrentadas consensuarían con facilidad que el cargo recayera en el propio Rajoy. En cuanto al digitado, tardaría unos tres meses en exteriorizar su protesta por el arrinconamiento.

El titular Aguirre exige a Rajoy se lee hoy con normalidad, pese a que es tan intrínsecamente absurdo como aceptar que el Alcorcón puede golear al Madrid. El PP está gobernado por un tripartito irreconciliable, con vértices en Génova, en el ayuntamiento de la capital y en la comunidad madrileña. Su interacción eterniza cualquier decisión. Dado el rechazo que genera entre sus fieles, se deberá concluir que Rajoy es el candidato ideal a presidir el Gobierno, pero que le faltan cualidades para presidir el PP. De nuevo, Cajamadrid hubiera sido un desempeño adecuado para el ritmo cauteloso que ha impuesto a la labor política. La mayoría de españoles desconocen el nombre de los presidentes de las dos mayores cajas del país.

En el gobierno de una nación hay un centenar de cargos equivalentes a la presidencia de Cajamadrid. Si el aspirante del PP a La Moncloa necesita el mismo tiempo para decidirse sobre cada uno de ellos, invertirá unos dos años para la confección de su ejecutivo. El mayor crimen de Zapatero es la improvisación, pero Rajoy es incapaz de una mínima creatividad. Encasquillado en la deliberación perpetua, arruinará incluso la imagen de quieta efectividad que se labró a la sombra de Aznar. Aunque lo diga Pizarro, el jefe de la oposición no suscita un respeto excesivo entre sus fieles. En un gesto de largueza, Aguirre deberá extender a Rajoy el rango de autoridad pública que predica para los profesores. Sin esta prevención, los abusos al presidente popular pueden dar un salto cualitativo. En la actualidad, al jefe de la oposición le costaría obtener la aprobación de su ejecutiva incluso para acceder a la presidencia de Cajamadrid.

En una acusación de formulario, José Blanco culpó al PP de ofrecer un pésimo ejemplo de voracidad crematística, al reñir por la presidencia de una caja. Olvida el ministro que no se ha librado una lucha por Cajamadrid, sino por la presidencia nacional de los populares. Los dirigentes de la derecha ponen en riesgo una institución financiera para satisfacer sus aspiraciones políticas. Se trata de un comportamiento bizarro en tiempos de crisis, en torno a una entidad dañada en sus beneficios y morosidad. La revuelta de sus centuriones daña de paso las ignotas recetas de Rajoy para combatir el marasmo económico.

Las inclinaciones suicidas del PP alcanzaron un nivel de alerta, al promover una moción de confianza interna en el grupo municipal del ayuntamiento de Madrid. La derecha jerarquizada y presidencialista adopta de repente un régimen asambleario digno de Esquerra Republicana, donde los cargos pueden ser cuestionados en cualquier momento por sus pares. Cuando menos, se le podría reclamar al PP una vitola erudita, pero el último rescoldo se desmorona cuando Cospedal contrapone Manuel Cobo a Sabino Fernández Campo, olvidando que el jefe de la Casa del Rey fue expulsado de palacio por expresar libremente su opinión.

Si se mantiene la ficción de que las querellas intestinas de la derecha guardan el mínimo vínculo con Cajamadrid, Rodrigo Rato debería rechazar el cargo en las circunstancias fratricidas en que se le ha ofrecido. Su silencio confirma el famoso aserto de Galbraith, para quien resulta superfluo pagar abusivamente a los directivos y ejecutivos, por cargos que desempeñarían gratis con tal de lucirlos. En todo caso, convendría que el ex vicepresidente de Aznar e comprometiera a acabar su mandato, en vez de desertar a media carrera como hizo en el Fondo Monetario Internacional.