FERNANDO GONZÁLEZ MACÍAS
Circula por ahí más de una versión sobre las razones que llevaron a Feijóo a reconsiderar la intención inicial de su gobierno de eliminar el complemento anual de los 200 euros para las pensiones no contributivas. Los hay que sostienen que son los sindicatos los que hacen ver a la conselleira de Traballo lo desacertado de esa medida, por afectar en su precaria economía a sectores de población muy vulnerables. Otros creen que es el grupo parlamentario popular y alguno de los barones provinciales quienes advierten al presidente de la impopularidad de esa medida, que de hecho ya estaba siendo utilizada por la oposición como munición gruesa contra la línea de flotación de la política social de la nueva Xunta.
En el entorno presidencial, dejan caer que fue la conselleira Mato la que erró en el cálculo sobre el impacto que en la imagen pública de la administración autonómica tendría la supresión de un complemento creado en su día por el bipartito como respuesta de emergencia a la crisis económica y que al PP, por entonces en la oposición, le había parecido una limosna electoralista, que de poco o nada les iba a servir a los cincuenta mil gallegos que perciben un subsidio mensual de menos de cuatrocientos euros.
Fuera como fuese, al final Don Alberto rectifica sobre la marcha lo que estaba a punto de convertirse en su primer gran error político, aunque se esmera en que no parezca una rectificación. Es el suyo un esfuerzo estéril si de lo que se trata es de ocultar que se había tomado una decisión en firme, negro sobre blanco, en los presupuestos de 2010, suprimiendo la partida de 10 millones de euros que en el ejercicio anterior se gastaron en ese complemento, para destinar su importe a otras políticas de atención social. Porque el propio presidente y cualificados portavoces parlamentarios lo confirmaron sin ambages, ante las primeras diatribas de PSOE y Bloque. La hemeroteca, como el algodón, no engaña y todavía está fresca la tinta de los periódicos que recogieron ese duelo dialéctico.
Rectificar es de sabios, dice el dicho. Pero hay que saber hacerlo para que el coste político, inevitable en un traspiés de este tipo, sea el menor posible. En eso el equipo de Feijóo falla de forma estrepitosa, precisamente porque intenta que no parezca una rectificación. Deberían saber que la gente de la calle -de llegar a ser consciente de ellas- perdona y olvida sin más ese tipo de meteduras de pata, si se corrigen a tiempo, antes de que tengan consecuencias irreparables. En este caso, con el documento presupuestario en tramitación, el daño no está consumado. Hay margen para meter el freno y dar marcha atrás.
Ciertamente la reconsideración no sale del todo gratis. Sin embargo, acaba siendo mucho más caro negar la evidencia. Ese empecinamiento se compadece mal con el talante de un gobierno que dice estar siempre atento al sentir de la ciudadanía, a la que desde luego en ningún caso no le resulta fácil asumir decisiones que suponen recortes de derechos adquiridos, por más que la austeridad lo justifique casi todo. Como hace sólo unos meses que llegaron a San Caetano, y vienen de donde vienen, está de más recordar a Feijóo y los suyos que una parte considerable de la opinión pública se expresa a través de la oposición, que con toda razón le recrimina que no sea capaces de reconocer una metedura de pata de ese calibre.
Es como si pensaran que la mayoría absoluta obtenida en las urnas otorga infalibilidad a los gobernantes o una especie de bula o de patente de corso a la hora de decidir sobre cuestiones de cualquier tipo, como si estuvieran sobrados de razón. Más vale que no se tomen estas cosas tan a pecho y se apunten a la receta casera: ajo y agua.
fernandomacias@terra.es
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