FERNANDO GONZÁLEZ MACÍAS
Adía de hoy se mantiene la incógnita. Parece que todavía estemos lejos de saber con certeza si habrá o no fusión de las dos cajas gallegas o si una y la otra se aventurarán a establecer alianzas estratégicas, cada una las suyas, más allá de Pedrafita y el Padornelo. Sea como fuere, a día de hoy, lo único cierto es que, si finalmente se fusionan Caixa Galicia y Caixanova, se destruirán varios centenares de puestos de trabajo.
Es impepinable. Si la caja del norte y la del sur acaban convirtiéndose en una sola entidad, sobrarán un número de empleados que varía según las estimaciones, pero que en cualquier caso será muy considerable. Un impacto laboral como ese resulta indeseable en cualquier circunstancia, pero lo es más si cabe en un momento como el actual, con un panorama laboral de lo más negro, donde no hay oportunidades ni para aquellos trabajadores que por su polivalencia pueden optar a puestos de diverso perfil.
Que se sepa, esos datos están ya encima de la mesa de quienes deben valorarlos. Los esgrime alguna de las partes y los advierten los observadores más o menos imparciales. Es posible que una parte de los empleos que se pierdan se puedan canalizar a través de jubilaciones anticipadas. Sin embargo, no serán muchos. En ese ámbito el margen es estrecho, porque nuestras entidades financieras, como todo el sector de la banca, han recurrido a ese mecanismo apurando al máximo cada vez que querían optimizar su eficiencia aligerando costes de personal.
En este delicado asunto, las principales organizaciones sindicales gallegas están en una posición cada vez más incómoda, casi imposible. Tienen el corazón partío. De una parte, creen que Galicia saldría beneficiada como país si el resultado del proceso fuese una nueva entidad, gallega cien por ciento, grande y solvente, suma del potencial de las dos actuales y contrarrestando las debilidades que presentan por separado. Sin embargo, por otra parte, tienen claro que las plantillas no son acumulables. Todo lo contrario. Habrá que cerrar docenas de oficinas en ciudades y villas, donde hasta ahora las caixas compiten entre ellas, a pocos metros de distancia, o de acera a acera, en las calles más céntricas.
Rizando el rizo, los sindicatos querrían una fusión sin coste social, sin destrucción de empleo. Y eso no es posible, como no hay jardines sin flores, ni agua que no moje. Además, la experiencia de la anterior concentración, la que fusionó las cajas de Ourense, Pontevedra y Vigo en lo que hoy es Caixanova, demuestra que en la práctica es imposible mantener casi intactas las plantillas, incluso cuando la redundancia de sucursales es mínima, como en aquel caso, no como ahora. Lo único que cabe es hacer el reajuste a plazos, administrando los despidos o prejubilaciones con una especie de cuentagotas, y distribuyéndolos en un periodo largo de tiempo, de modo que no resulten tan traumáticos, ni tengan un impacto brusco en los datos del desempleo (y, por tanto, en la gestión del gobierno de turno). Es curioso, porque a los empresarios puros, a los que arriesgan capital y trabajan en el día con las cajas y con los bancos, les pasa casi lo mismo que a sus antagonistas, las centrales sindicales. No se oponen a que haya fusión y, sin embargo, también temen por lo suyo: que donde actualmente tienen dos puertas a las que llamar para pedir financiación, después sólo haya una y, encima, más difícil de abrir. No es nada desdeñable la proporción de empresas que trabajan con las dos cajas a la vez y que en adelante pueden encontrarse con serias restricciones por aquella de la excesiva acumulación de riesgos. Además, patronal y sindicatos también coinciden en pedir que se les oiga, antes de que quien corresponda decida lo que tenga que decidir... si es que hay que decidir algo, oiga.
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