VÍCTOR MANTECA VALDELANDE Aquí tenemos dos presuntos piratas, pero ellos tienen un buque español secuestrado y a su tripulación cautiva. En esas condiciones se justifica una decisión política que consiga que cese la situación actual de riesgo e incertidumbre. Ahora que el secuestro del buque parece prolongarse ya sabemos que la organización militar específica, llamada operación Atalanta, establecida en la zona de pesca del océano Índico, no ha resultado adecuada para llevar a cabo con eficacia las tareas de prevenir las agresiones de piratas en la zona contra los buques pesqueros europeos. Lo cual ya se sabía y, además, se había dicho por los propios armadores y responsables de las embarcaciones que se reunieron con representantes del Gobierno y de la oposición pidiendo medios más contundentes de prevención. Por ello Francia, con un menor número de buques pesqueros en la zona, tenía establecido un sistema de protección nacional en los buques pesqueros de bandera francesa y de este modo parece que a éstos les ha funcionado mejor el sistema preventivo, pues cuando los piratas saben que un barco dispone de protección adecuada no lo atacan. Por ello, una de las cuestiones que deben tenerse en cuenta en estos casos es la necesidad de tomar decisiones a tiempo para que se dé una respuesta a los interesados que reclaman la protección y, en caso de que la decisión sea positiva, que los servicios públicos de protección a los buques sean efectivos, con independencia de que los gastos adicionales sean abonados por los interesados a través de la figura administrativa que corresponda, toda vez que el interés particular y concreto de las empresas privadas que operan en la zona no justifica una costosa prestación de servicios de protección gratuita a costa de los presupuestos públicos; por ello los gastos de seguridad que sean necesarios debe asumirlos la propia empresa.

Pero en este caso está en juego, como cuestión previa, el papel que tiene el Estado en la tutela de sus buques nacionales, máxime cuando se ha solicitado ayuda por los interesados por hallarse en situación de alto riesgo, porque en esos casos lo que acaba estando en juego es el propio prestigio internacional de las autoridades nacionales, que cuando se sabe que actúan con contundencia en defensa de sus intereses acaban generando un respeto que hay estados que tienen ganado de sobra y otros no; recordemos la reacción preventiva de Francia en este asunto. Con el trasladado a España de dos piratas, además de las cuestiones sobre la posibilidad de juzgar a los presuntos delincuentes, puede plantearse la necesidad de ajustar la tipificación de delitos de nuestro ordenamiento penal que le serían imputables. Pero si finalmente se decidiera juzgar las agresiones se vería que nuestro sistema penal ya no contempla el delito de piratería, que tenía bastante bien desarrollado en diferentes modalidades la vieja ley penal y disciplinaria de la marina mercante. Pero al ponerse en marcha la ley de puertos del estado y de la marina mercante, que quiso dar mucha importancia a lo de puertos y menos a la marina mercante, se derogó aquella, con demasiada prisa, desconocimiento y menosprecio de muchos aspectos de la actividad marítima española, sin que el Código Penal vigente recogiera estos delitos; por eso habrá que aplicar otro tipo de delitos como el secuestro donde pueden incluirse las conductas delictivas. Ahora bien, el traslado a España de los piratas capturados y su entrega a los jueces se decidió sin que se hubiera resuelto previamente el secuestro del buque pesquero español y de su tripulación, lo cual esperemos que pueda solucionarse de la mejor manera pues, con independencia de las cuestiones formales que haya por el medio, esto es lo más importante por ahora y para estas cosas en nuestro sistema estatal tenemos procedimientos políticos que esperemos que ahora funcionen estando todos de acuerdo; además es importante prevenir para que no vuelva a producirse una situación similar.