FERNANDO GONZÁLEZ MACÍAS Incluso antes de que estallara la dichosa crisis económica, a muchos ciudadanos de este país les indignó saber que casi a hurtadillas el Parlamento Gallego había aprobado el llamado plus de los quince mil euros. Se trata de un complemento salarial, como quien dice vitalicio, a percibir por todos aquellos funcionarios que han ocupado cargos políticos representativos o de libre designación en la administración autonómica o local durante un cierto tiempo. Se implantó con efectos retroactivos y, según confirma la Xunta, ya lo están percibiendo de hecho unas doscientas personas, que formaron parte de gobiernos de distinto signo, el bipartito incluido.

Para algunos, se trata de una prebenda más que añadir a las muchas de las que goza un colectivo profesional ya de por sí ampliamente privilegiado, el funcionariado y los empleados públicos en general, que cada día se parecen más a una especie de casta, que está por encima del bien y del mal, a una distancia sideral en cuanto a condiciones laborales del resto de los tristes mortales, que con sus impuestos le costean sus salarios.

Un amplio sector de la opinión publicada (se supone que también de la pública) se cuestiona la oportunidad de una medida de esa naturaleza, que supone incremento del gasto público, cuando se está predicando la austeridad a troche y moche. Sin embargo, personalmente, lo que más me indigna del dichoso superplus es que lo reciban de forma automática e indiscriminada tanto los que han hecho un buen trabajo como aquellos otros cuya labor fue un desastre. O sea, a efectos de recibir este premio da lo mismo que hayan culminado con normalidad su mandato como que sus superiores les hayan tenido que cesar por inútiles o incluso por deshonestos. Si han estado en el machito dos años consecutivos, o tres en distintas etapas, independientemente del balance de su gestión, ya tienen derecho a embolsarse hasta quince mil euros anuales mientras estén en activo. Y es que la norma no hace distinciones entre buenos y malos servidores públicos, lo cual la hace todavía más discutible, y más injusta, si cabe.A más de uno le ha sorprendido la unanimidad con la que en su día salió adelante esta disposición en la enésima reforma de la ley de la función pública de Galicia, que llevaron a cabo socialistas y nacionalistas, sin que tampoco se opusiera el Partido Popular. No es fácil hallar una explicación racional a cómo pudieron ponerse fácilmente de acuerdo en algo así gobierno y oposición, cuando, hoy como entonces, tanto les cuesta llegar a consensos mínimos en cuestiones sustanciales, o sea, en los que todos entendemos como asuntos de país. Tal vez sea más sencillo de entender cuando se cae en la cuenta de que los primeros beneficiarios de una medida como ésa son los propios líderes y portavoces de los principales partidos gallegos (piénsese en Núñez Feijóo, en Pachi Vázquez, o en Guillerme Vázquez). Y como ellos, una buena parte de los parlamentarios que en la anterior legislatura se autoadjudicaron esta canonjía y no pocos conselleiros, directores generales, secretarios, delegados provinciales, que lo han sido o lo son. Total, que bien de muchos? Sin embargo, creo que debemos agradecer al legislador autonómico que haya tenido el detalle de no darle carácter acumulativo al millonario plus. Y es que sólo se puede cobrar una vez, aunque se permanezca tropecientos años en un cargo, o se haya servido más o menos lealmente a dos o más gobiernos de distinto color político, a pesar del singular esfuerzo que eso conlleva, en lo que tiene de funambulismo, de más difícil todavía.

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