JOSÉ LUIS QUINTELA JULIÁN Sé de antemano que este es un tema polémico. Y tiene su lógica que lo sea, porque está en juego la vida de conciudadanos inocentes. De aquellos que, en el ejercicio de sus labores profesionales, han sido vilipendiados y secuestrados por un ignominioso grupo armado que merece la aplicación contundente de la ley. Vaya por delante, pues, mi deseo más sincero de que todo este despropósito se resuelva favorablemente y pronto. Y mi solidaridad sincera con familias hoy destrozadas por la impotencia y la desesperación.

Dicho esto, comencé diciendo que este es un tema polémico. Se mezclan los sentimientos -legítimos- de familias que sufren, y otras consideraciones más técnicas y procedimentales. Y el cóctel derivado de ello es difícil. Complejo, según palabras de la vicepresidenta De la Vega. Desde mi punto de vista, esto es cierto.

Miren. Creo que toda la fortaleza de un país nace de la observancia absoluta de los pilares de tal Estado de Derecho. Desde la independencia de los tres poderes, hasta la práctica de la legalidad en las actuaciones de todos ellos. Si esto no fuese así, entonces se incurriría en el mismo terreno que el que pisan aquellos cuyas acciones se combaten. Esto es durísimo de entender, especialmente para aquellos que sufren en carne propia la dureza de una situación de este tipo. Es duro e inaceptable. No se puede digerir y, frecuentemente, se pide el recurso a métodos más expeditivos. Es lo mismo que haríamos usted o yo, creo, si nos viésemos en la piel de las familias algunos de cuyos miembros siguen ahí, en el barco, con sus vidas amenazadas.

Pero creo que las reglas del juego para el Estado están claras. Y no hay mucha más cera que la que arde. De la observancia estricta de la legalidad dimanan las actuaciones que se están llevando a cabo, y que no me parecen desacertadas. Sé que la captura de los delincuentes posteriormente traídos a España se ha puesto en entredicho, y que incluso desde algunas instancias se plantearon diversas "soluciones rápidas" para cerrar la crisis. Pero el Estado es el Estado, y su lógica no es la de una tertulia o la de una columna de periódico. Todo tiene un marco, y el que la Armada haya detenido a dos presuntos delincuentes que atentaban contra intereses españoles implica, automáticamente, su envío a España para ser practicadas diligencias y, si es el caso, juzgados. No podía ser de otra forma y así fue.

Ahora el escollo parece estar en que los piratas exigen la repatriación de sus dos compañeros para cerrar definitivamente la negociación del rescate. Pero repito, aquellos que ostentan el poder en las instituciones del Estado -en este caso, en la administración judicial- actúan según la legalidad, y no pueden cambiar las leyes según el caso. Reenviar a tales personas al Índico sin más trámite nos pondría en el mismo caso que si se cediese a la presión de una banda terrorista que exhortase a la excarcelación de algunos de sus miembros, so amenaza de cometer un atentado. El Estado no se puede prestar a ello, y no lo hará. Gobierne quien gobierne.

Entiendo que sí que hay fórmulas atenuantes a la hora de juzgar a los presuntos compinches de los secuestradores, que pueden llevar a su punto más benévolo el análisis de la responsabilidad y, con ello, de la hipotética sentencia que dictase una sala. Pero de ahí a proceder a un mero intercambio va un mundo. Y esa es la trampa donde el Estado, aún con profundo pesar, no puede meterse ahora. Desde la independencia, entiendo que las instancias oficiales están jugando un papel digno y responsable en la resolución de la crisis del Alakrana. Veo también que este es un tema clave que ha de escapar del juego político y de la estrategia de desgaste de la oposición con el partido en el poder. No es un tema para frivolizar. Sobre todo, por respeto a quienes, sin comerlo ni beberlo, sufren por ello. Víctimas en el barco y aquí, esperando en sus casas. Alguien me preguntó hasta qué punto no hay que introducir en el análisis de lo ocurrido la variable de la enorme pobreza que asola Somalia, y las difíciles condiciones de vida allí, junto con el papel depredador ejercido muchas veces en tal territorio por las potencias occidentales. Pues yo tengo claro que no, y bajo ningún concepto asociaré ambas cuestiones. Claro que en Somalia se pasa mal -peor- y que la gente se muere de hambre. Y claro que lo que para nosotros son negocios puede ser interpretado, en clave local, como la continuación de un expolio que empezó muchos años atrás? Pero nada en la vida justifica la violencia, y estos malhechores son gentes que, armadas, buscan un rápido lucro personal mediante prácticas absolutamente denostables, entre las que se incluyen la extorsión y el secuestro. No es de recibo justificación alguna en aras de cualquier otro concepto socioeconómico, por mucho que en esta columna seamos sensibles a ellos.

Bueno, no sé? Estas cosas suelen arreglarse, pago de fondos reservados de por medio, por muy oscura que se vea la crisis en el medio de su desarrollo. No tiene por qué salir mal, al margen de las alharacas de los secuestradores, y de los golpes de efecto para presionar más a las familias y la opinión pública española, y así debilitar la posición negociadora. Confiemos en las instituciones del Estado y en los organismos ejecutivos que están ahora al tanto de un feliz desenlace del episodio del Alakrana. Y cerremos esta columna desde la esperanza, creyendo que, en breve, nuestros hombres van a poder volver a casa.

Así sea.

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