CARLOS ETCHEVERRÍA Con harta frecuencia y de un tiempo a esta parte, los coruñeses son convocados a rebato en defensa de supuestos peligros que se dice generados por la presencia en la calle de prostitutas y traficantes de drogas.

No voy a entrar en el reproche social que este tipo de actividades merezca, ni en la imaginaria relación entre ambas, como tampoco en si resulta adecuado el tratamiento legal que se les aplica. Tales aspectos pertenecen al debate de nunca acabar.

El interés de hoy se centra en la repercusión o incidencia que tales conductas tienen en el desarrollo de la normal convivencia ciudadana, y en si se dan o no las condiciones para ser considerado un problema de orden público que justifique la adopción de medidas extraordinarias.

La calle Cabo Santiago Gómez es escenario de una reacción desproporcionada ante hechos que, siendo habituales en otros lugares, no despiertan igual respuesta exagerada. Este exceso desvirtúa la realidad y crea artificiosamente una alarma social. Y lo que es peor, tan incontinente satisfacción afecta a intereses legítimos que sufren daño de difícil reparación.

Iniciativas como las de un grupo de vecinos que pretenden "actuar de inmediato para limpiar la calle de delincuencia" buscan sustituir la acción de las autoridades ante un pretendido desorden, supuestamente tolerado por los encargados de reprimirlo. Grave acusación esta que lleva al ánimo de la gente a sentirse desprotegida y amenazada, definiendo como peligroso un barrio que no lo es.

Las consecuencias de provocar sentimientos reactivos de esa naturaleza afecta no solo al ánimo de la gente que se ve perturbado por una sensación de angustia, sino al normal desarrollo del quehacer diario. La calle en cuestión dispone de todo tipo de servicios, como bancos, farmacias, peluquerías, comercios y tiendas de todo tipo, bares y restaurantes. La queja es unánime en cuanto a que la leyenda creada de forma injustificada desanima a los habituales consumidores y los desplaza a otros lugares presuntamente menos peligrosos.

En este paroxismo de inquietud alentada por irresponsables, los sucesos se magnifican, como el acontecido con la tentativa de agresión a una niña por parte de un sujeto, que el eco social convirtió en violación cometida por tres personas. No es cierto que el Ayuntamiento esté ausente como se llegó a decir, verificando muy a menudo las condiciones de los locales de ocio y con permanente presencia de la policía. Un local bajo sospecha de irregularidades permanece cerrado. No es con bates de béisbol y milicias ciudadanas como han de reprimirse los excesos, sino con la denuncia y la confianza en las instituciones y leyes. Así funciona el estado de derecho, eso sí, con la lentitud propia de un sistema que garantiza los derechos y libertades ciudadanas.