FERNANDO GONZÁLEZ MACÍAS Por primera vez desde que, casi treinta años atrás, se inició el llamado proceso autonómico, las comunidades manejarán en 2010 muchos menos recursos que en los ejercicios anteriores. Todas ellas, sin ninguna excepción, están tramitando ahora mismo unos presupuestos restrictivos, como consecuencia de la crisis económica que nos azota. Así las cosas, nos encontramos ante una auténtica prueba de fuego para esa España de las autonomías que nació, creció y se multiplicó -según algunos, hasta la hipertrofia- en un clima de euforia, propiciado por la más larga etapa de crecimiento que haya conocido este país en toda su historia. En tan singular trance, podremos comprobar la flexibilidad del sistema. Enfrentados al reto de la austeridad, veremos si, además de gastar mucho -algo que tienen más que acreditado-, los gobiernos autonómicos saben gastar bien los millones de euros que manejan. Algo tendrán que hacer. Lo seguro es que no dispondrán de medios suficientes para atender a los compromisos de gasto que tienen adquiridos por el traspaso de competencias, pero también las necesidades que ellos mismos han ido generando, a veces alegre e irresponsablemente en una espiral que parecía no tener fin.

A la vista está que, hasta hoy, las autonomías han sido básicamente máquinas de gastar. Con la obvia excepción del País Vasco y de Navarra, por el cupo y el régimen foral, no tienen apenas ingresos propios y se limitan a distribuir a su manera los fondos que les transfiere el Estado en virtud del correspondiente modelo de financiación. En consecuencia, no sufren el desgaste de cobrar impuestos, a diferencia del Gobierno central o los ayuntamientos, que son percibidos por los ciudadanos como organismos netamente recaudadores. Pero en este inédito contexto de vacas muy flacas, la cosa cambia y obliga a replantearse el rumbo, sí o sí. La insaciable voracidad de las administraciones autonómicas las ha llevado a un nivel de gasto desmesurado, llegando no pocas veces hasta el despilfarro puro y duro, en una actitud de nuevos ricos a veces obscena, en la que han incurrido los políticos de todos los colores. Sobran ejemplos de usos y abusos, como la creación indiscriminada de infraestructuras o dotaciones innecesarias, por falta de demanda objetiva, y redundantes. Pensemos en las universidades o en los polígonos industriales, los auditorios, los recintos feriales, los polideportivos o las casas de cultura, por poner sólo algunos ejemplos que están en la mente de todos.

La forzosa reducción presupuestaria en general, pero sobre todo la merma en las transferencias procedentes de las arcas del Estado, obligará a los ejecutivos regionales a ser en adelante más rigurosos que hasta aquí en las decisiones de gasto y además a empezar a plantearse en serio la autosuficiencia financiera, a ser cada vez menos dependientes. Tendrá que ser a base de un sistema tributario propio, al que, por lo demás, también les aboca el nuevo sistema de reparto que, por la mínima, acaba de refrendar el Congreso.

Situaciones como ésta, en cuanto tienen de novedosas, son las que ponen a prueba a los actuales dirigentes autonómicos, muchos de ellos anquilosados por años de permanencia en un poder que les convirtió casi en virreyes y les permitió instalarse en un paternalismo manirroto. Es el momento propicio para que emerjan nuevos liderazgos, en base a perfiles diferentes, más tecnocráticos, menos dogmáticos, capaces de sustraerse a la tentación del populismo; gestores eficaces cuyo norte es ante todo hacer las cosas bien, porque están convencidos de que la ciudadanía va madurando y vota cada vez menos en clave ideológica y que gana las elecciones, no quien dice las frases más redondas, sino el que más hace con menos dinero. Porque justamente eso es gobernar bien.

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