JOSÉ ANTONIO PORTERO MOLINA Periódicamente, con una periodicidad cada vez menor, hay noticias del Tribunal Constitucional. Noticias nada tranquilizadoras siempre, porque las únicas que debiéramos tener del TC son sus sentencias a través del BOE. Ni siquiera él se salva de las filtraciones, que acabarán siendo una sección fija de los periódicos y de las más visitadas. Esta vez, además de las filtraciones con las alineaciones de los equipos rojo y azul, y la mención del magistrado expulsado para el partido más importante, tenemos información de primera mano. Nada menos que de la presidenta del TC.

Las filtraciones creíbles, por lo general de los dos grandes, uno de Madrid y otro de Barcelona, dan cuenta del fracaso, que podría ser definitivo, de la ponencia elaborada por la magistrada Pérez Vera, del equipo rojo. Y de que, frente a la solidez del equipo azul, en el rojo hay más que dudas sobre la ponencia, temiéndose incluso algún cambio de camiseta. Lo que sucede en el TC tiene al Gobierno de los nervios y las filtraciones explican, sin remilgo alguno, que hay enfado con la presidenta Casas porque ni es capaz de acercar posturas, ni quiere deshacer el empate con su voto. En esas circunstancias, el Gobierno prefiere que no haya sentencia hasta después de las elecciones catalanas, ya en 2010, e incluso en 2011 con un TC ya renovado. Un enredo monumental del que, escrito está por muchos antes de que se presentaran los recursos contra el Estatuto catalán, el TC no saldrá con bien y la Constitución quedará tocada seriamente, que es lo que sucede cuando se retuerce a voluntad su letra para que diga lo que conviene al que manda. Al cabo de treinta años muchos artículos de la Constitución no tienen ya otro significado que el que quiera darles la mayoría del TC o, en su caso, la presidenta con su voto decisivo o un magistrado que mude su opinión. Pero hemos llegado al punto en el que el TC no es que no pueda con la carga, es que no se soporta a sí mismo. Un desastre que empezó cuando dos gobernantes socialistas, Zapatero y Maragall, sumando sus incompetencias se lanzaron a la aventura.

La información de primerísima mano la acaba de facilitar la presidenta del TC en la Carlos III. La Constitución no aguanta por más tiempo sin reformas, ha dicho. Así es, pero no porque, como ella dice, no mencione a la UE, ni porque no tuviera en cuenta el impacto de las nuevas tecnologías en el derecho a la intimidad. Sólo por esas carencias, no sería imprescindible, aunque sí conveniente, reformar la Constitución. Y, además, si esas solas fuesen las carencias, ya se habría reformado.

La cuestión es más seria, porque lo que se ha escapado de la Constitución es el Estado de las autonomías. Hasta ahora la autonomía de nacionalidades y regiones del artículo 2º se había tenido por un derecho de contenido difuso que, razonablemente entendido por los partidos, era interpretado también razonablemente por el TC. Pero el Estatut ha demostrado que algunos partidos prefieren que ese derecho pueda expandirse ilimitadamente a su conveniencia, presionando lo que haga falta al TC, hasta asfixiarlo si es preciso. Por eso ahora hay que decidir políticamente si ese es el entendimiento que interesa, y entonces no hay nada que reformar porque con un TC maleable todo será posible, o si ese derecho está limitado por un principio estructural del Estado, la autonomía, que frene las apetencias de los partidos, en cuyo caso es imprescindible reformar la Constitución, precisando con claridad los límites de ese derecho.

José Antonio Portero Molina Es Catedrático De Derecho Constitucional De La Universidad De A Coruña