CARLOS F. MONTERO En un reciente artículo Isaac Díaz Pardo recuperaba las viejas teorías sobre el colonialismo interior a propósito del negocio eólico en Galicia. Según esta teoría las relaciones económicas entre colonias y metrópoli serían profundamente desiguales, de modo que la metrópoli se enriquece a base de esquilmar los recursos coloniales. Esta teoría fue galleguizada en su día por X.M. Beiras en su ya clásico ensayo, O atraso económico de Galicia. La teoría de Beiras era que el incipiente capitalismo español de entonces tenía a Galicia como un dócil proveedor de recursos naturales gratuitos. Así mientras en Galicia anegaban valles, envenenaban el aire y expropiaban a nuestros paisanos, el valor añadido económico y social de la rapiña iba a parar a Madrid, Barcelona o Bilbao.

Desde entonces las cosas han cambiado. Ahora la metrópoli se llama centro, las colonias, periferia y el saqueo es más humanitario y a ritmo de U2. Afortunadamente a Galicia, como colonia interior, le ha ido mejor. Tiene un amplio autogobierno y es uno de los parientes pobres, aunque generosamente subsidiado, de una familia de ricos llamada Europa. A pesar de ello el problema persiste. Sigue siendo incapaz de apropiarse del valor añadido económico que se genera a costa de sus recursos. Cualquier supermercado está lleno de ejemplos. Trufas de Villalba con nombre francés, Patatas de Bergantiños con nombre alemán, o truchas del Ulla ahumadas en Noruega. De la leche mejor ni hablar. Parece que Galicia tiene vocación económica de eterno sector primario y es incapaz de crear marca y tecnología. O sea, valor añadido. Quizá a ello contribuye nuestra tradicional resignación y esa especie de auto odio que profesamos hacia nuestro territorio. Pero ahora la culpa ya no es de Madrid. Consciente de este problema el ala nacionalista del anterior gobierno bipartito diseñó un concurso eólico exprés con el objetivo de que Galicia captase la mayor parte del valor de ese negocio. Para ello limitó la participación de los habituales oligopolios energéticos creando una suerte de capitalismo popular mixto de inversores autóctonos, socios tecnológicos y administraciones públicas. Ahora el Gobierno Feijóo, con igual preocupación, reedita el concurso pero cambia el modelo. Da entrada a los excluidos y la captación de valor añadido por la vía de un Canon Eólico. La Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, comúnmente conocida como LOFCA, estableció un marco de financiación que, entre otras cosas, excluía la posibilidad de que las CCAA creasen tributos propios para mantener cierta coherencia tributaria territorial. No obstante quedó un resquicio legal, vía hecho imponible, llamado tributación ambiental.

La tributación ambiental es una técnica de control ambiental de origen nórdico donde es ampliamente utilizada. Su objetivo es doble. Por un lado trata de incentivar buenos hábitos ambientales entre particulares y empresas mediante la creación de un coste de oportunidad. Por otra parte genera ingresos públicos a los cuales les da un carácter finalista, o sea destinados a reparar, compensar o equilibrar el daño ambiental producido por las actividades gravadas. Su objetivo último es internalizar, vía precio, el coste ambiental del servicio o producto. Cataluña ha sido la pionera en este tipo de tributación. Por su parte Galicia ya tiene una buena cartera de tributos ambientales. Canon de saneamiento, sobre emisiones atmosféricas, sobre centrales hidroeléctricas, sobre la gasolina y quizá, próximamente sobre la producción de residuos. La tributación ambiental, bien concebida y aplicada, puede ser un excelente instrumento de control público ambiental y sobre todo de eficiencia económica. Por el contrario un diseño oportunista puede generar efectos macro y microeconómicos no deseados y sobre todo inseguridad jurídica.

La tributación ambiental está de moda entre las comunidades autónomas gastadoras y ávidas de ingresos extras, especialmente en tiempos de crisis. Precisamente por esta razón se hace necesario establecer un marco de tributación ambiental estable, claro y neutral, pero sobre todo coordinado con otras políticas públicas. No parece razonable que el Estado gaste grandes cantidades de dinero en promocionar el marco tarifario de las energías renovables y que por otra las comunidades autónomas lo recauden vía impuestos. En Galicia hay decenas de actividades, incluido el urbanismo feísta y esa especie de obsesión patológica por llenar el mar de pantalanes, con impactos ambientales muy superiores a la energía eólica. Ninguno de ellos tributa.

Carlos F. Montero Abogado Ambiental