FERNANDO GONZÁLEZ MACÍAS
. s verdad que persiste la principal de las incógnitas, pero con el paso del tiempo algunas cosas parecen irse aclarando en el debate sobre el futuro de las cajas de ahorro gallegas, que aún puede ir para largo. A estas alturas, ya sabemos que, si la Xunta opta por la fusión, tendrá que imponerla, dado que Caixanova no está por la labor y se ha formado un compacto frente institucional y político que se opone frontalmente a lo que considera una afrenta en toda regla a la Galicia Sur y a sus intereses económicos.También vamos teniendo cada vez más claro que no hay tantos partidarios incondicionales de la integración de las dos entidades como se podría pensar. Tal parece que ya no hubiera casi ninguno. De hecho, hasta el Bloque, por boca de uno de sus principales estrategas en esta materia, dice ahora que nunca ha mantenido esa postura de forma taxativa, sino que se limita a defender la galleguidad de las cajas frente a cualquier eventual movimiento que conlleve la deslocalización de sus centros de decisión. O sea, que no hay que fusionar por fusionar, sólo si en un momento dado las amenazas externas lo aconsejan. Los especialistas advierten que la Xunta tiene en este asunto un margen de maniobra más bien estrecho, de acuerdo con el actual marco legal. Es más que dudoso que pueda obligar a las entidades a firmar un acuerdo que alguna de ellas rechace. San Caetano disfruta, eso sí, de un cierto derecho de veto que, con todo, se limita a casos en que esté en juego la independencia o la estabilidad económico financiera de las cajas. La eficacia de tal veto está además en entredicho por el alcance de la normativa que regula los fondos de ayuda a la restructuración bancaria, los famosos FROB. Tan es así que la Xunta dicidió impugnar una regulación que invade sus competencias en este terreno. De otro lado, lo que ya nadie niega es que la fusión tendría unos considerables costes sociales, que no hay que perder de vista y ponderar convenientemente a la hora de hacer las cuentas de las ventajas y los inconvenientes de la unificación. Hay estimaciones que elevan muy por encima del millar los puestos de trabajo que se perderían. El caso es que del incierto futuro de esos trabajadores se discute menos que de lo que sería de los Méndez, Gayoso y compañía, a pesar de que éstos seguramente tienen garantizadas unas jubilaciones multimillonarias en virtud de unos contratos de los que, porque en la guerra vale todo, algo vamos sabiendo para general escándalo.
También vamos teniendo otra certeza, es el presidente Feijóo personalmente quien se ocupa de este delicado asunto. No por afán de protagonismo, ni por falta de confianza en los conselleiros a los que competencialmente podía corresponderles. Es que ni la conselleira de Facenda ni el conselleiro de Economía -funcionaria ella, empresario él- tienen el perfil y sobre todo el bagaje que se requiere para enfrentarse a semejante papeleta, que es no una cuestión de ídole económico-financiera, sino un problema cien por cien político, de extraordinaria complejidad y con múltiples aristas, con enrevesadas derivaciones, que sólo se pueden adivinar si se tiene contacto con los auténticos poderes fácticos, que por su posición, por ser quien son, sólo admiten la interlocución directa con el inquilino de Montepío. A los demás los ningunean o los utilizan para mandar recados, sin más.
Finalmente, se constata que el desenlace de este bodevil a la galaica puede demorarse incluso más allá de la fecha de referencia de final de año que apuntó Feijóo. Sin embargo, la que puede estar más próxima es la foto de Don Alberto y los Vázquez, los tres grandes líderes gallegos, reunidos para intercambiar puntos de vista que difieren menos de lo que parece y escenificar que este sí es lo que se dice un asunto de país, del que por lo menos hay que sentarse a discutir, aunque al final no se decida nada. En algunos casos, no tomar ninguna decisión también es decidir.
fernandomacias@terra.es
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