FERNANDO GONZÁLEZ MACÍAS Alas tres grandes fuerzas políticas de este país les ha entrado la prisa a la hora de aprobar una nueva ley de cajas de ahorro. Tanto, que hasta sus señorías los diputados autonómicos podrían quedarse sin sus vacaciones este invierno, al habilitarse el mes de enero para aprobar, se entiende que por trámite de urgencia, la nueva regulación de unas entidades cuyo futuro se decide estos días, a golpe de informes, reuniones y consensos.

Hay coincidencia en que el actual marco normativo se quedó obsoleto y que es preciso ponerlo al día en muchos aspectos, sobre todo para que las cajas desempeñen la función que les corresponde y que justifica su existencia como elemento atípico del sistema financiero. He ahí la madre del cordero y el punto en el que, con toda seguridad, se marcarán las diferencias, mucho más que de matiz, entre populares, socialistas y nacionalistas. Ya se verá como al final se marcarán las lógicas distancias de modo que lograr un acuerdo aunque sea de mínimos, si acaso se logra, no será tan sencillo como parece hoy.

Porque una cosa es que a nadie le gusten las actuales reglas de juego con las que operan las cajas y otra que sean capaces de ponerse acordar a tres bandas los cambios a introducir. Recordemos que Pesedegá y Bloque ya no fueron capaces de impulsar conjuntamente la reforma en los casi cuatro años que compartieron responsabilidades al frente de la Xunta, a pesar de las afinidades ideológicas y del compromiso expreso que habían adquirido en el acuerdo que sirvió de base al llamado gobierno bipartito.

Los nacionalistas lo tienen muy claro. Quieren convertir las actuales caixas en una especie de banca cuasi pública, al servicio de la política económica y social dictada por el gobierno gallego de turno. En esa dirección, y sin medias tintas, plantean su propuesta legislativa, que consideran muy oportuna en un trance como el actual, en que está tan en cuestión el papel de los diferentes agentes financieros por su decisivo papel en el desencadenamiento de la crisis. Partido Popular y PSOE están por que la administración autonómica tenga en adelante una mayor capacidad de control sobre la gestión de las cajas que operan en su territorio, incluyendo potestades de las que actualmente carece, sin ir más lejos la de impulsar una fusión como la que ahora mismo está sobre la mesa o de imponer fórmulas de colaboración en aras del interés general.

En el Pepedegá equiparan el control con la tutela, pero rechazan el intervencionismo con el que también parece coquetear algún sector de los socialistas. Se trata, dicen los populares, de que la Xunta garantice el juego limpio y transparente, así como el funcionamiento democrático de los órganos de dirección y representación, conjurando las tentaciones de personalismo y nepotismo en el comportamiento de gestores que hasta aquí gozan de un poder absoluto y se eternizan en sus cargos.

En paralelo al debate político, también se está produciendo un enriquecedor intercambio de pareceres entre expertos, del ámbito universitario y del propio sector, del que emerge una primera conclusión, que no debe perderse de vista, a la hora de diseñar las cajas del siglo XXI. Sería bueno volver a los orígenes: recuperar la esencia del espíritu con el que nacieron a partir de los "montes de piedad" y que fueron perdiendo hasta desnaturalizarse por completo y acabar convertidas en algo demasiado parecido a los bancos de toda la vida. De hecho, compiten con ellos en su propio terreno, pero, eso sí, jugando con ventaja.

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