VÍCTOR MANTECA VALDELANDE . l abandono que vive el sector agrario desencadenó el pasado sábado una manifestación, en que se dijo, entre otras cosas, que no puede permitirse que los fondos públicos presupuestarios, dedicados a la agricultura, solo sirvan para desmantelar el tejido productivo. En realidad el campo lleva tiempo abandonado y los precios que percibe el productor son cada vez menores mientras que el consumidor final paga cada más por los productos, por ello las administración tiene que hacer algo para equilibrar los precios que se pagan en la cadena alimentaria y atender a los intereses nacionales del sector, como hacen otros, por ejemplo Francia.

Hay que alegrarse de que se hayan levantado algunas voces en defensa del sector agrario porque el agricultor se encuentra indefenso viendo como disminuyen sin remedio sus posibilidades y su renta familiar; pues quienes diseñan las políticas de la economía y del mercado casi nunca mencionan la actividad agraria y dan por sentado que los productos agrarios seguirán entrando en masa en el mercado; pero es posible que esto deje de ocurrir y en un tiempo no lejano los precios de los alimentos se incrementen de forma brusca e inesperada como efecto del colapso de un sector tan abandonado en España. El sistema está montado de tal modo que el consumidor de productos agroalimentarios paga retribuyendo lo que se denomina cadena de valor es decir los supermercados, fabricantes, transportistas, almacenistas y solo el producto del agricultor que, a pesar de ser quien lo produce es, con diferencia el que menos retribución percibe de toda la cadena lo cual resulta una cruel paradoja, pues en muchos casos esa retribución no le da ni para cubrir costes.

El Ministerio de Medio ambiente para 2010 ha reducido mucho el presupuesto dedicado a la agricultura; pero los aspectos que más se han reducido hasta la ineficacia, son todos los relativos al apoyo a producciones agroalimentarias lo que muestra a las claras, como apuntó con acierto, en el Congreso, la diputada gallega Olga Iglesias, que el interés político en relación al campo no es incentivar la producción sino mantener un campo improductivo y dependiente. Los fondos destinados a mejora de competitividad y calidad de la producción agraria, que ya eran bajos, se reducen ahora en casi un veinte por ciento, los destinados a producción ganadera un doce y los destinados a mejora de competitividad agroalimentaria y calidad alimentaria en casi una cuarta parte, sin embargo suben algo las ayudas de desarrollo sostenible dedicadas a reservas de la biosfera, red rural nacional y políticas de igualdad.

El campo necesita un empuje que incentive la innovación de los sectores productivos y dinamice al sector que precisa de horizontes más claros; pues por mucho que se hable de ayudas e incentivos para los jóvenes agricultores lo cierto es que las actuales perspectivas hacen desistir a casi todos y es en esto en lo que las administraciones públicas debieran tomar acción, como ocurre en otros países vecinos, buscando soluciones alternativas eficaces cuando hay problemas profundos de subsistencia, como ocurre con el sector lácteo; pero no se hace nada, más allá de una actuación de mimetismo y seguimiento de la administración comunitaria en materia de presupuesto, sin que haya más iniciativa ni creatividad política ni al tiempo de negociar ni al tiempo de diseñar medidas para defender los intereses españoles.

La situación del sector agrario es tan crítica que los responsables debieran tomar nota para pensar en la elaboración de un plan estratégico que al menos sirviera para poder justificar un mínimo interés por la producción agraria española, y en dicho plan debieran estudiarse medidas (fiscales, de fomento, subvención, asistencia y apoyo) sobre todo a la innovación productiva y a los segmentos con mayores posibilidades de rentabilidad en el sector agroalimentario para que pueda despegar de la crisis económica y enfrentarse a los cambios que se otean para el periodo 2013-2020. La contracción prevista que sufrirá la actividad agraria en lo que queda de año y el año próximo, puede que suponga una puntilla a los resultados que mostró la última encuesta sobre empleo agrario con datos muy desfavorables de ocupación para el sector, cuyo número de parados aumentó, en el tercer trimestre, en casi un once por ciento, es decir casi un cincuenta por ciento más en relación al mismo periodo del año 2008, lo cual ha ido acompañado de un grave descenso de la renta agraria que en los últimos cinco años se reduce en un veintiséis por ciento sin que se hayan adoptado medidas para frenar esa caída, y la constante disminución de los precios en origen aplasta poco a poco a nuestros agricultores y ganaderos lo cual es importante, un problema de estado que los responsables no debieran ocultar detrás de otras políticas y actividades, porque nuestro país necesita un política agroalimentaria seria que defienda nuestros intereses en un Ministerio de Agricultura.