SEGUNDO PARDO-CIÓRRAGA DE SANTOS . n este país (me refiero a España) hasta no ha mucho tiempo el secuestro era un acto criminal de uso casi exclusivo de la banda terrorista ETA y todos recordamos, entre otros, los secuestros de Javier Rupérez (11/11/79) y Emiliano Revilla (24/02/88), el primero duró unos treinta días y el segundo 249. Más recientes son los secuestros de José Antonio Treviño y Francisco Rodríguez (ocurrido en el 2000 siendo Aznar presidente del Gobierno y Rajoy ministro del Interior, que apoyó en 2001, el pago del recate de los dos empresarios españoles), realizado por las mafias georgianas cuya duración fue de 373 días en condiciones infrahumanas y antes de ayer han sido secuestrados tres cooperantes españoles en Mauritania posiblemente por los terroristas islámicos de Al Qaeda y seguimos sufriendo ataques piratas a diario.

Por una vez, en el Congreso de los diputados doña Soraya Sáenz de Santamaría (PP) nos ha desvelado claramente, en referencia al traído y llevado caso Alakrana la postura de los conservadores ante una acción criminal de privación de libertad: nada más y nada menos que el empleo de la fuerza. Concretamente en el caso de los barcos que navegan por el golfo de Aden, según la diputada popular, el asalto es lo que ellos hubieran mandado habida cuenta el pago de rescates va contra la ley. Supongo que las manifestaciones de la parlamentaria, han sido realizadas con el conocimiento de la dirección del grupo parlamentario del PP y autorización de don Mariano Rajoy, y la cuestión es si se ha medido y tomado en consideración las consecuencias derivadas de haberse llevado a cabo una operación de rescate utilizando a nuestra infantería de marina. Es evidente que en el caso del pesquero en cuestión el Gobierno no estuvo fino en los primeros momentos pero la solución ha sido perfecta quedando libre y sin daños toda la tripulación y eso es lo que importa, ¡pero!, queda una duda. ¿habrá confundido la portavoz del grupo popular el Alakrana con Perejil?

Volviendo a los secuestros, en los casos citados, tanto en los perpetrados por ETA, como por los georgianos, en todos sabemos que se pagaron rescates (concretamente, en el de Revilla, hubo una denuncia ante el Supremo por el pago del rescate que fue desestimada, habida cuenta se trataba de salvar una vida). Ni el PSOE durante los mandatos de Felipe González, ni el PP en la época de Aznar plantearon reprobaciones ni críticas ante tales situaciones, al contrario se apoyaron para resolverlas. Por lo tanto a que viene ahora la actitud, que no aptitud, de la señora Santamaría; ¿tendrá problemas de memoria? o es su afán de protagonismo, a costa de lo que sea, lo que provoca sus bravuconerías que han sido rectificada 24 horas después, desde sus propias filas, por parte del vicesecretario de comunicación González Pons, que ha dicho que el pago de rescates está justificado en "estado de necesidad".

Es preciso recordar que una vida no tiene precio, que en casos como los comentados, es el Gobierno quien tiene la obligación y el deber de tomar las decisiones oportunas con el apoyo de todos los estamentos sociales, políticos y económicos. Seamos prudentes, actuemos con responsabilidad, sobre todo cuando el derecho a la vida está en peligro.