El previsible fracaso de un diálogo imposible

FERNANDO GONZÁLEZ MACÍAS Falta saber cómo se escenificará la ruptura del diálogo. Está por ver quién se levantará antes de la mesa y pagará el precio correspondiente. Sin embargo, cada hora que pasa -aunque ahora se convoque una nueva reunión- parece más claro que la negociación Gobierno-Xunta sobre las cajas de ahorro está condenada al fracaso. De hecho, da impresión de que ya lo estaba incluso antes de que las partes se sentaran a discutir. Como sucede casi siempre, nadie quiere aparecer como el malo de esta película, el que da el portazo. Por eso seguramente habrá dos versiones del mismo guión argumental, que a fin de cuentas viene a ser la crónica de un fracaso anunciado. Para hacerse una idea de cómo puede acabar esto, ante todo es conveniente tener claro que no se discute sobre una ley, ni sobre su fondo, ni sobre su forma. Ni siquiera se dilucida la adecuación constitucional de la norma, porque se supone que en un Estado de Derecho tal cosa no se podría discutir, sino que la dictaminaría de forma inapelable el órgano competente. Se trata de un juego netamente político, por más que se revista con un envoltorio jurídico. Lo que está en juego es que, a la hora de la verdad, o sea ahora, Galicia tenga o no capacidad para decidir el futuro de sus cajas. Se supone que de eso no se habla en los encuentros entre Rueda y Zarrías, que nadie lo aduce en el tira y afloja negociador, pero es lo que subyace en el trasfondo de este cansino culebrón que, a pesar de todo, está tocando a su fin, porque no da más de sí. De hecho cuando estas líneas vean la luz, se puede estar escribiendo el último capítulo, claro que sin final feliz.

Con la regulación anterior, sin hacer una nueva ley, la Xunta podía fiscalizar aspectos clave de la gestión de las cajas. Tenía atribuciones legales para limitar el margen de discrecionalidad -otros dirían autonomía- con que han venido actuando los máximos responsables y las cúpulas directivas de las entidades. Antes, durante y después de la larga era Fraga, los Gobiernos autonómicos no ejercieron esas competencias de tutela. Dejaron hacer y dejaron pasar, hasta que se llegó a una situación casi escandalosa, con unos directores generales o presidentes ejecutivos actuando como si fueran los dueños y señores de los respectivos cortijos. Para que los legítimos representantes de los ciudadanos, ya sea a través del Parlamento o del Gobierno tengan algo que decir sobre la labor que han de desarrollar las cajas, no hacía falta la nueva ley, aunque haya venido a reforzar determinados aspectos de esa función tutelar. Sin embargo, era necesario cambiar sustancialmente las reglas de juego para que el poder autonómico pueda forzar la fusión de las cajas en un escenario, como el actual de Galicia, en el que una de ellas no está por la labor y no se deja convencer. De modo que si la Xunta de Feijoo optase por aceptar las correcciones de calado que pretende imponerle el Gobierno de ZP para "constitucionalizar" la dichosa ley gallega, don Alberto no podría o no llegaría a tiempo de fusionar Caixa Galicia con Caixanova para crear la Caixa del Noroeste o la Caixa Atlántica que supuestamente nos blindaría frente a posibles operaciones de fusión de nuestras entidades con otras de fuera. Ahora mismo el factor tiempo es clave, dado que los dineros del FROB, sin los que no habría fusiones, tienen fecha de caducidad (apenas unos meses). Y el Banco de España mete presión, porque la reestructuración financiera, dice Fernández Ordóñez,y reconocen los expertos de los partidos, va con mucho retraso. O sea, que una de dos: a la tercera reunión tiene que ir la vencida o hay que darse por vencidos. Unos u otros. Lo que ya no caben son más tiempos muertos.

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