La ejemplar respuesta de los coruñeses al plan urbanístico

Todo estalló a finales del mes pasado con una información publicada por LA OPINIÓN en la que se adelantaba que cientos de inmuebles de la ciudad quedarían fuera de ordenación en caso de que la normativa para calcular el límite de altura de los edificios se aplicase tal y como, aún hoy, está redactada en el plan general. Con la pretendida intención de bajar el precio del suelo y subsanar un urbanismo salvaje y poco respetuoso con el entorno, el nuevo documento de planeamiento de la ciudad fija unos criterios de altura de las edificaciones en función del ancho de la calle y de las avenidas, una norma ya presente en los planes aprobados en la ciudad en 1985 y 1998, aunque ahora con un criterio más restrictivo.

De mantenerse la redacción actual, los propietarios de los cientos de inmuebles afectados en casi todos los barrios de la ciudad verían disminuir el valor de sus viviendas en el mercado porque el precio a pagar por un piso fuera de ordenación nunca sería igual que el de otro que se ajusta al plan general. El Concello ha de reconocer la intranquilidad de los ciudadanos cuando los administradores de fincas estiman que el plan devalúa un 20% las casas fuera de la norma y los promotores inmobiliarios advierten de que muchos compradores intentan recuperar su dinero o aplazan la adquisición del piso hasta conocer el documento urbanístico definitivo.

Gobierno local y oposición coinciden en la idoneidad del urbanista Joan Busquets para redactar la revisión del plan general, pero el propio arquitecto admitía en una entrevista a este diario que el documento no es una varita mágica, sino que es un sistema de coherencias para poner de acuerdo a las administraciones y se comprometía a corregir la norma de alturas. Cuando el Gobierno local insistía desde el inicio del proceso en la necesidad de que el nuevo documento fuera el plan general de la participación quizás no esperaba que los coruñeses hicieran, como han hecho, largas colas para presentar miles de alegaciones a la nueva norma urbanística.

Más de un concejal ha reconocido que tal vez el documento no haya sido lo suficientemente aclarado, aunque el alcalde insista en que todo el Gobierno local explicó el plan. Algún error debió de haberse cometido cuando, tras las reticencias de los propietarios y de los principales sectores vinculados al urbanismo, el alcalde se ha comprometido a que el nuevo documento recoja de forma expresa que ningún edificio quedará fuera de ordenación por su altura o volumetría.

Se equivoca el equipo municipal al atribuir la respuesta ciudadana a una campaña de mentiras por parte de la oposición. Nueve asociaciones de vecinos y las dos federaciones han presentado reclamaciones además de otros muchos otros colectivos. Así que lo mejor que puede hacer el Concello es reconocer la realidad tal y como es e intentar convertir la ejemplar respuesta de miles de ciudadanos en una oportunidad de la que extraer las enseñanzas consiguientes. Por ejemplo, hasta donde son capaces de movilizarse los coruñeses en defensa de sus legítimos intereses y del modelo de ciudad que quieren.

El Concello acertó cuando al recibir las reclamaciones de los vecinos sobre el plan general, especialmente en lo relativo a los edificios que quedaban fuera de ordenación por las alturas, decidió rectificar y comprometerse a cambiar el texto de modo que se despeje cualquier duda acerca de la legalidad de todos los edificios. El alcalde, Javier Losada, afirma hoy en una entrevista que publica este periódico que su equipo de gobierno está haciendo una revolución urbana como nunca se ha hecho en esta ciudad y para este tipo de cambios es imprescindible la implicación de toda la sociedad coruñesa. El plan general es una oportunidad para diseñar la ciudad del futuro y para intentar enmendar en lo posible los errores de saturación de cemento del pasado; el Concello pedía participación y los coruñeses, con sus miles de alegaciones al documento urbanístico han respondido. El gobierno local tiene ahora que darles respuesta.