VÍCTOR MANTECA VALDELANDE
Los bajos precios en primera venta son reflejo de una oferta excedentaria en relación con la demanda, situación causada por las importaciones de pescado a las que no se exigen condiciones, tan costosas como a nuestro sector pesquero, y además por los excesos de captura que pretenden compensar los efectos de los precios bajos; sin embargo en la mayor parte de los casos el intento de compensar el bajo precio con sobrepesca tiene resultados contrarios sobre el precio en origen, porque el problema principal es que el sistema de formación de precios no responde a las exigencias actuales de libre mercado porque existen regulaciones y prácticas comerciales en la compra en origen del pescado que no responden a un sistema pleno de libre comercio (solo unos pocos tienen posibilidades efectivas de comprar y con ello controlan la formación del precio), lo cual impide que la formación de los precios en origen del pescado se desarrolle en libre competencia de manera que el pescador no consigue una remuneración justa por sus capturas, a pesar de los altos precios que paga el consumidor. Lo que el pescador necesita traer a puerto debe ser medido en unidades monetarias, no en cantidades de pescado, ese es el modo de valorar si su actividad recibe una compensación adecuada del sistema y, si no es así, será preciso examinar por qué se produce esa disfunción y, en su caso, tomar medidas para ajustar, adecuar o actualizar el sistema de formación de precios, de manera que garantice la verdadera libertad de competencia "para todos los factores interesados desde el pescador hasta el comerciante minorista y consumidor". Esta discordancia en la cadena alimentaria no se produce solo en el mercado de pescado sino en muchos otros alimentos, por ello, el diagnóstico requiere un estudio global comenzando por la verificación de estos extremos, incluyendo un análisis sectorial de los problemas concretos de formación de precios en origen y en consumo, lo cual debiera hacerse tanto por las administraciones como por el propio sector pesquero, con independencia de que la soluciones excedan de dicho ámbito y sea necesario ubicarlos en la política comercial porque no se dan las condiciones de igualdad que la ley declara en lo relativo a la libre competencia de mercado para los diferentes operadores de la cadena alimentaria de manera que los eslabones productivos se ven marginados y perjudicados. Por ello es necesario y urgente abordar una reforma del sistema de precios en las cadenas alimentarias y en concreto en el ámbito de los productos de la pesca, comenzando por un diagnóstico objetivo, porque es un hecho que la enorme diferencia que actualmente existe entre precios en origen y precios en consumo no tiene una justificación ni en los costes de distribución de los productos ni en los riesgos de la actividad comercial de los productos alimenticios. La cuestión que se plantea desde el punto de vista de la libertad de competencia en el mercado es si esta libertad existe realmente para todos los factores de la cadena alimentaria. Es decir, ¿tiene el pescador igual posibilidad y libertad de competencia que otros factores de la cadena alimentaria de los productos de la pesca? Los responsables políticos, administrativos en su caso, tienen obligación de garantizar esta libertad en la primera venta, estableciendo sistemas más eficaces de identificación del producto pesquero que liguen realmente la calidad y la diferenciación con determinadas prácticas extractivas que beneficien al pescador en lo que se refiere al precio, sin olvidar el reforzamiento de las organizaciones profesionales para que tengan capacidad de influencia y presencia en la cadena alimentaría del producto.