El proyecto Abalar de la Consellería de Educación que persigue la informatización de colegios de Educación Infantil y Primaria ha dejado un controvertido y desigual mapa tecnológico para el próximo curso académico en A Coruña. Según el reparto realizado por la Xunta, en la ciudad contarán con ordenadores portátiles un centro público, el Sal Lence, y once concertados.
La Asociación de Equipos Directivos de los centros de la provincia de A Coruña ha dado la voz de alarma sobre la actuación de las autoridades educativas gallegas, que califican de una "grave discriminación", y la Agrupación Socialista Coruñesa vincula la decisión de la Xunta a un "creciente deterioro" de la educación pública, ya perjudicada por la supresión de la gratuidad de los libros y el "abandono" de los comedores.
Lo que resulta más llamativo es que el Gobierno gallego ha justificado el cuestionado reparto con el argumento de que ha escogido "a los centros que están mejor preparados para implantar el proyecto informático". Frente a este criterio, el servicio municipal de Educación del Ayuntamiento de A Coruña ya ha aclarado que la conexión a internet en los centros educativos depende directamente de la Consellería de Educación.
En la presentación del proyecto Abalar, cuya meta final es un cambio integral en el modelo educativo que haga posible la implantación la las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en los centros de enseñanza gallegos, el delegado territorial de la Xunta en A Coruña, Diego Calvo, aseguró que más de 2.630 alumnos pertenecientes a 121 aulas de 45 centros educativos del área metropolitana coruñesa contarán finalmente con ordenadores portátiles, además de encerados digitales y ordenadores de sobremesa para los profesores. Con una inversión de más de dos millones de euros en equipos informáticos, infraestructuras y formación del profesorado, la Xunta planea que, entre 2010 y 2013, se beneficien de la digitalización educativa cerca de 87.000 alumnos de mil colegios e institutos concertados y públicos.
Esta modernización educativa es vista sin embargo con menos optimismo por los socialistas coruñeses, que entienden que con este primer reparto el Gobierno gallego "deja de lado a los centros educativos públicos y favorece a los centros privados concertados al potenciar la brecha tecnológica con un plan que tan sólo llegará a un colegio público de la ciudad".
El alcalde de A Coruña, Javier Losada, ha terciado en la polémica para pedir a la Xunta que explique por qué un solo colegio público recibirá equipos informáticos frente a once concertados, una "distribución de recursos" que juzgó "injusta" y que, según el regidor coruñés, ha generado disgusto entre la comunidad de profesores y padres de alumnos.
La realidad, sin embargo, es que en la comunidad de padres hay división de opiniones. Milagros Cervantes, presidenta de la Federación de Asociaciones de Padres de Centros Concertados, se felicita de que "por una vez, primen a los centros concertados", y de que la Xunta haya elegido a estos colegios "para comenzar a implantar las nuevas tecnologías", al entender que están más preparados para acoger el proyecto Abalar. Virgilio Gantes, presidente de la Federación de Asociaciones de Padres de Centros Públicos, es la otra cara de la moneda en este debate. Para Gantes, el reparto de la Xunta es un "agravio" para la educación pública y, aunque no se opone a que se apoye financieramente a los centros concertados, considera que un proyecto como Abalar que pretende modernizar el sector educativo gallego "tendría que dotar primero a los colegios públicos con las medidas que les hacen falta".
Sería un error situar esta polémica en un artificioso y estéril enfrentamiento entre la educación pública y concertada. Hay que saludar la diligencia con que los centros concertados se han preparado para esta modernización y reconocer su derecho a dotarse de recursos para sus alumnos. Han cumplido con lo que es su cometido de ofrecer la mejor formación a sus alumnos. Otra cuestión es la responsabilidad de la Xunta en este desigual reparto inicial de tecnología en los colegios con el argumento de que los centros públicos, justamente aquellos de su directa competencia, no están suficientemente preparados. Resulta difícil de explicar que unos profesores mejor pagados que los de los centros concertados y que han demostrado su capacidad al superar una oposición estén peor preparados; del mismo modo que no tiene justificación alguna que la Administración responsable de los centros reconozca que no cuentan con la infraestructura imprescindible para instalar unos sistemas informáticos adecuados. La justificación de la Consellería se vuelve en realidad un reconocimiento de mala gestión. Educación tiene la obligación de dar una respuesta a los dos obstáculos que, según la propia Consellería admite, impiden digitalizar los centros educativos dependientes de la Administración: la ausencia de una conexión a internet de banda ancha y la preparación de los profesores.
