JOSÉ ANTONIO PORTERO MOLINA
El artículo de Carme Chacón y Felipe González publicado el lunes en El País no es, por decirlo suavemente, lo que cabría esperar de una ministra en activo y de un ex presidente de gobierno sobre un asunto tan delicado y complejo. Durante cuatro años han sido frecuentes las presiones expresas, las opacas habrán sido constantes y hasta el último día, que sobre el TC han hecho algunos significados miembros del gobierno. Tengo el convencimiento de que sin presiones, enfrentados los magistrados a una norma jurídica como el Estatuto, la sentencia habría llegado hace años y, con menos interpretaciones creativas, la estimación del recurso habría sido mucho más amplia. Pronunciada la sentencia y pasadas las reacciones más sonoras, lo que necesitamos son inteligentes ejercicios de lectura política del fallo y los fundamentos, no descalificaciones de brocha gorda. La ministra y el ex presidente no hacen crítica jurídica sino pura y ruda descalificación política no ya de la sentencia sino del propio TC y de sus concretos miembros. Y además su argumentación es contradictoria. Si como escriben, los efectos jurídicos de la sentencia sobre el Estatut son pequeños, ¿a qué viene el tono agrio de los firmantes? Eso, en todo caso no es lo que aquí importa. Si piensan que la sentencia es ambivalente y su lectura produce pesadumbre, si creen que los discrepantes tienen concepciones preconstitucionales y si añoran a anteriores presidentes del TC, lo correcto es que una ministra en activo, al menos ella, hubiese guardado silencio respetando así una regla fundamental de juego en el Estado de Derecho del que el TC es la pieza clave del sistema. La ministra ha estado más que desafortunada, ha roto uno de los acuerdos intocables en el Estado constitucional y ella, profesora de la disciplina, lo tiene que saber. El TC interpreta y dicta sentencia y debe hacerlo con entera independencia, y los políticos, sobre todo el gobierno, que es el auténtico poder, deben abstenerse de cualquier presión y de cualquier descalificación. Que el PSC esté en apuros electorales no justifica la inaceptable posición de la ministra que, además de firmar con un ex presidente, habrá comentado con el actual el artículo de marras. Sólo faltaría que el ministro de Justicia hubiera corregido las pruebas. ¡Lamentable, señora ministra!