. n los tiempos oscuros las noticias ligeras propias del verano se mantenían a distancia del espacio político porque era territorio vedado. Nada de frivolidades con las vacaciones ministeriales y máximo respeto con las de su excelencia. Ahora es distinto y la política ofrece casi a diario noticias para los tiempos de holganza. La visita estelar y custodiadísima, acaso la empresa de seguridad que le da escolta sea la misma que tantos dólares ha ganado en Irak, de Michelle Obama; el ejemplar veraneo discreto, castellano y, el tópico obliga, sobrio del segundo británico, Cregg, y la improcedente visita a Melilla de un Aznar sin cosa mejor que hacer que estropearle el descanso a Rajoy, me han parecido destacables noticias veraniegas. Aquí, si cierta, lo ha sido el poco diplomático "no voy a saludarte" que ni Losada merece ni es propio de un embajador en activo dedicárselo a un alcalde. Noticias de verano, humo antes de que asome el otoño por la esquina.

En verano ha sido, pero no de verano sino trascendiendo a este y a muchos que vendrán, la noticia de que el Consejo de ministros del viernes encomendó al ministro de Justicia, encargado de la redacción final del Estatut según la prensa habitualmente beneficiaria de las filtraciones del Gobierno, iniciar las labores jurídicas para recuperar lo que la sentencia del TC dio por imposible. Se trata, esencialmente, de modificar la Ley del Poder Judicial, que por ser orgánica precisará de una mayoría absoluta del Congreso nada difícil de conseguir con el apoyo de CiU, como poco y de eludir los reparos puestos por el TC al tratamiento de la competencia del Defensor del Pueblo en Cataluña. Además el Gobierno se propone también acelerar traspasos de competencias a la Generalitat encuadrando todo esto, según expresiones propias, en una suerte de respaldo general e impulso decidido al avance del autogobierno que Cataluña reclama.

No puede hablarse de sorpresa ante el anuncio ni tampoco vale devaluarla por aquello de que se entra en período electoral en Cataluña. Las dos reacciones serán frecuentes en lo que queda de agosto y en setiembre, seguro, pero las dos serán inútiles, una pérdida de tiempo más ante un asunto que exigiría el sentido de Estado que no abunda hoy en la clase política. Sorpresa ninguna, porque el presidente se empeñó en la reforma estatutaria hasta arriba y sabe que el PSC le vigila y obliga, mientras que el PSOE se entretiene con lo de Madrid. Ninguna sorpresa, pues, sabiendo como sabemos, y podemos imaginar mucho más sin equivocarnos, que el Gobierno se ha empleado a fondo sobre, con y contra el TC. Y devaluación del anuncio de rescatar el Estatut por ser período electoral, tampoco. Gane quien gane, en Cataluña seguirán peleando por un trato diferente a las demás comunidades y cada vez más equiparado al del Estado. La última confrontación a cuenta del idioma que protagoniza la acogida a los emigrantes conforme a la Ley de Acogida, así lo prueba. El de Cataluña es el asunto político más serio que tenemos delante y lo será por mucho tiempo mientras no se aborde con sentido de Estado y lealtad de todas las partes entre sí y con las sociedades española y catalana. Sin otro ánimo que el puramente descriptivo habría que empezar por reconocer que, en efecto, es la catalana una sociedad distinta, al modo quebequés, y continuar aceptando luego, con el mismo ánimo, que esa diferencia, no hablo de distinción que es, claro, otra cosa, no se percibe en otras comunidades salvo como algo epidérmico y sin ganas de establecer competiciones entre identidades. Desde ese punto de partida, que descalifica la estrategia imitadora de la llamada cláusula Camps, lo que pide Cataluña lo pido yo, y su aplicación a La Rioja, Murcia o Cantabria, la lista no es cerrada, se debería pensar en una reforma constitucional que nos evite en el futuro los desgastes que causa el estar siempre afirmando a escondidas lo que se niega a plena luz. O lo que es igual, dejar por más tiempo de ocultarnos la realidad.