El sentimiento de la justicia penal en España se basa en dos grandes principios, aparentemente contradictorios. De una parte, la presunción de inocencia, cuyo terreno de juego son los tribunales, y de otra, la presunción de delincuencia que suele desenvolverse en el ámbito de la opinión pública y de los medios de comunicación que dicen representarla. En buena lógica, ambas deberían acabar coincidiendo en sus apreciaciones porque el pueblo suele tener una intuición profunda para distinguir lo justo de lo injusto ("voz del pueblo, voz del cielo" dice una conocida copla andaluza), y más aún si los indicios de delito son clamorosos. Pero no siempre es así. Todos recordaremos el trágico caso de Dolores Vázquez aquella mujer gallega que fue encontrada culpable de secuestro y asesinato por un jurado popular aunque luego, ya cumpliendo su condena, se descubrió que el autor del crimen era otro. A la señora Vázquez se le aplicó desde el primer momento, y con todo rigor, la presunción de delincuencia porque fue señalada desde los medios y desde la opinión publica más morbosa como la mala de la película. Las razones para hacerlo eran de dudosa solvencia jurídica, pero cuando se pone en marcha una lapidación esos considerandos se vienen abajo a la primera pedrada. La acusada -debemos reconocerlo- tenía casi todo en su contra. Era inteligente, era altiva, se comportaba con entereza ante los acusadores y, muy importante, había mantenido una relación sentimental con la madre de la víctima, que la hacía responsable de todo lo sucedido. La solución final de este caso, que hay que agradecer a la perseverancia de la policía, puso en cuestión la eficacia de los jurados en una sociedad tan condicionada por el sensacionalismo de los medios y el debate todavía no ha terminado. Traigo a colación lo que antecede, después de haber conocido la resolución de la Audiencia Provincial de Castellón que ha declarado prescritos cuatro de los cinco supuestos delitos fiscales de los que estaba acusado el presidente de la Diputación, y del PP, en aquella provincia, don Carlos Fabra. La prescripción (por el paso del tiempo) de esos supuestos delitos puede ser imputable a la desidia o al olvido de los sucesivos jueces instructores (se trata de un juzgado de entrada donde hay un continuo trasiego de titulares), de los fiscales, o de las autoridades de Hacienda que no reprodujeron las querellas. E incluso a una retorcida interpretación de lo que es la prescripción por los magistrados. Tanto da. El caso es que el paso del tiempo juega a favor del presunto delincuente y de momento, y a expensas, del resultado de los recursos ante el Tribunal Supremo, queda libre de esas acusaciones. No es el primer caso en que la lentitud, o la desidia, de la maquinaria judicial propicia una solución favorable para los presuntos corruptos. Lo más curioso es que, casi siempre, los favorecidos por la suerte suelen ser gente de relieve político y financiero como los Albertos, el presidente de Telefónica, César Alierta, o, ahora, el propio Carlos Fabra. Según se comentó en la prensa, los Albertos celebraron el éxito con un banquete en compañía de gente importante. Y Carlos Fabra ha hecho algo parecido rodeado por cargos y simpatizantes del PP que lo vitoreaban. "He sufrido una persecución política y fiscal durante siete años por encima de lo que una persona humana puede soportar", dijo el homenajeado. Asimilar la prescripción de un delito a la inocencia es una obscenidad.
