El conflicto surgido en un colegio de Arteixo a raíz de la sanción impuesta a una niña musulmana por llevar velo en clase no pasaba hace un mes de ser apenas un problema focalizado y con vías de solución que parecían relativamente sencillas. Bastaba con aplicarle las dosis convenientes de sentido común y determinación para solventarlo. Pero, al mismo tiempo, existía latente el riesgo de que el problema se enquistase, de que las posturas se radicalizasen y, convenientemente trufadas de ideología, el problema del hiyab acabase convirtiéndose en una bola de nieve difícil de controlar. Y en ésas estamos.

Las autoridades educativas de la Xunta dilataron en su día la solución menos mala, que era la que proponían, lo que son las cosas, los propios padres de la pequeña. El reglamento del centro que recoge expresamente la prohibición de cubrir la cabeza con un velo en el recinto escolar se aprobó en diciembre, es decir, tres meses después de que se hubieran iniciado las clases y, por tanto, sabiéndose ya que había una alumna que acudía al colegio con hiyab. Cuando la niña fue sancionada sin actividades extraescolares por llevar velo, los padres solicitaron el cambio a otro colegio de la misma localidad en el que no existe tal prohibición. Se trata del Ponte dos Brozos, centro modelo de convivencia multicultural desde hace años y cuya directiva no puso en aquel momento ningún impedimento al traslado.

No se adoptó entonces esa decisión, y ahora la realidad es muy otra, fundamentalmente porque los padres de la pequeña rechazan el traslado que entonces pedían. La Xunta tenía encima de la mesa, además, un precedente, pues Educación resolvió en su día un conflicto similar en Lugo, donde el riesgo de choque de culturas no alcanza el nivel de Arteixo, y permitió a otra niña musulmana asistir a su colegio con el pañuelo.

Desgraciadamente, se optó entonces por la inoperancia, por dejar pasar el tiempo, y, como decimos, el escenario ha cambiado de forma sustancial. Y cada vez parece mayor la propensión de unos y otros a sucumbir ante la tentación de convertir un conflicto de indumentaria, o, si se prefiere, escolar, en un emblema o bandera para mejor defender sus criterios. En una palabra, por llevarlo al terreno siempre pantanoso de las ideologías y las creencias.

Plantearse abordarlo desde tales postulados es un error, porque dificulta enormemente cualquier solución y, sobre todo, porque a la larga puede acabar agrietando la hasta ahora modélica convivencia multicultural que se da en Arteixo, el municipio gallego con mayor presencia de la comunidad musulmana.

La gran dificultad para atajar este tipo de problemas radica en la indefinición legal existente, ya que España no es un país laico, sino aconfesional, lo que permite la exhibición de indumentarias con connotaciones religiosas en los espacios públicos. Además, ni el Tribunal Constitucional ni el Tribunal Supremo se han pronunciado nunca al respecto. Sí existen sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y otras, más concretas, en Francia y Turquía. A todas ellas ha apelado la consellería para justificar su apoyo a la decisión del colegio de prohibir el hiyab, así como al propio reglamento del centro educativo, amparado ahora, además, por la ley que la Xunta acaba de presentar para regular la convivencia en los centros escolares.

Es cierto que tal reglamento se aprobó el 13 de diciembre, es decir, cuando el curso había comenzado y la niña ya asistía a las clases, como lo es también la alegación que hacen ahora los padres de que, cuando matricularon a la pequeña, no podían conocer las normas porque no estaban aprobadas. Pero tales extremos, si bien es cierto que complican aún más las cosas, no invalidan el derecho que ampara a los padres del colegio a regirse por unas normas que han aprobado por unanimidad.

Cabría detenerse a analizar con más detenimiento las razones de unos y otros, pero por ahí no va a llegar la solución. Todas tienen parte de razón. De la misma manera que todas tienen también parte de responsabilidad, aunque las de unos, la Xunta, sean mayores que las de otros, padres, centros educativos y partidos políticos, que también la tienen. Porque uno de los errores de Educación al dejar enquistarse el conflicto es que éste ha llegado a las puertas mismas de la campaña electoral, o, lo que es lo mismo, al escenario propicio para convertir el caso en mercancía idónea para el politiqueo, dicho en el peor sentido de la palabra. También hay de eso, no nos engañemos. De ahí que reclamásemos en su día, desde este mismo espacio editorial, sentido común y flexibilidad para conseguir dos objetivos que deben ser prioritarios para todos: que la escolarización de la niña se desarrolle con normalidad y que no se ponga en riesgo la ejemplar convivencia existente actualmente en Arteixo. Y seguimos reclamándolo.