Ya empieza a ser cansino el tema del idioma y de los acentos regionales en boca de ciertos políticos. Ante ello deben ser tenidos en cuenta varios factores: en primer lugar, los coruñeses, sevillanos, malagueños y ceutíes hablamos como nos da la gana, y además nos entendemos estupendamente. En segundo lugar, estamos hasta ese mismísimo sitio que ustedes ya saben (y que tiene idéntica grafía y similar pronunciación en gallego y en catalán) de que algunos que debieran ocuparse de asuntos más importantes, se pitorreen de una forma de hablar determinada cuando sobre formas de hablar y de entender habría mucho que hablar (valgan las redundancias). Y en tercer lugar, le voy a decir yo al molt honorable president lo que no entendemos los niños y los no tan niños de toda España acerca de lo que el gobierno que dirige está perpetrando.
Para empezar, no entendemos que la inmersión lingüística, que a mí por cierto me suena a asfixia, sea la manera correcta de tratar la esencial cuestión del aprendizaje de la lengua, lo cual propicia, y es bien conocido, que muchos trabajadores y empleados públicos de otras zonas de España sientan rechazo a instalarse en Cataluña y desarrollar en esa maravillosa tierra su proyecto vital, cuando estarían encantados de hacerlo si la política lingüística llevada a cabo por éste y por los anteriores gobiernos catalanes pudiera calificarse de sensata. De hecho, en otros tiempos, no muy añorados aunque por cuestiones de otra índole, andaluces, extremeños, gallegos, etc. sí se instalaron y contribuyeron al desarrollo económico de Cataluña, y hasta es probable que muchos de ellos y de sus hijos y nietos le hayan aupado con sus votos a la presidencia de la Generalitat. Parece que a sus papeletas no les ha hecho tantos ascos como a su pronunciación.
Tampoco entendemos que no tenga mucha prisa en cumplir lo que ordena el Auto del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 28 de julio de 2011 respecto a la ejecución de la Sentencia de la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de 9 de diciembre de 2010 y que da el plazo máximo de dos meses para que se adopten cuantas medidas estime precisas "para adaptar el sistema de enseñanza a la nueva situación creada por la declaración de la Sentencia 31/2010 del Tribunal Constitucional que considera también al castellano como lengua vehicular de la enseñanza en Cataluña junto con el catalán." Estoy seguro de que en el govern català han leído el artículo 3 de la Constitución ("1. El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla. 2. Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos. 3. La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección") y hasta es posible -pues parecen personas instruidas- que hayan leído su artículo 118 ("Es obligado cumplir las sentencias y demás resoluciones firmes de los Jueces y Tribunales, así como prestar la colaboración requerida por éstos en el curso del proceso y en la ejecución de lo resuelto"). Pues siendo ello así, no entendemos a qué esperan para cumplir con su obligación.
Pero, fuera ya de la cuestión lingüística, hay algunas otras cosas que tampoco alcanzamos a entender los llamados a pasar por el foniatra. Por ejemplo, tenemos que hacer un gran esfuerzo de comprensión para asumir que la Generalitat de Catalunya haya anunciado a las residencias de ancianos y centros de discapacitados concertados y colaboradores que dejará de enviarles su aportación mensual correspondiente a septiembre y octubre, mientras que, en el lado de los disfásicos, la Sra. consejera para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía (a la que probablemente tampoco entienda bien cuando habla) haya inaugurado casi al mismo tiempo una nueva residencia en Palma del Río (Córdoba).
Asimismo, no entendemos que en 2011 se haya recortado en Cataluña, respecto del ejercicio 2010, la nada desdeñable cifra de 850 millones de euros (141.428 millones de pesetas) del presupuesto de sanidad (un 10% menos) o se haya reducido en educación el 7,5%, manteniendo el mismo cuadro de profesores para 21.000 alumnos más. Por otra parte, en materia de servicios sociales la Generalitat endureció las condiciones para acceder a la renta mínima de reinserción -la ayuda para los más desfavorecidos- después de cambiar la forma de cobro sin previo aviso y en pleno agosto.
Casi de forma simultánea el guardián de la fonología ha hecho un llamamiento a todos los partidos catalanes a apoyar la reivindicación de Convergència i Unió para que la Generalitat se dote de un marco fiscal como Euskadi y Navarra. Suponemos que esto último es por aquello de la solidaridad interterritorial ¿Era esa la Catalunya millor que prometía?
