Zapatero no fue el único que negó la crisis

 

LUÍS ARIAS ARGÜELLES-MERES Estoy seguro de que Zapatero se mortificará siempre por haber negado públicamente la existencia de la crisis. Ítem más: si en algún momento consiguiese olvidar tan imperdonable desliz, siempre habrá muchas personas dispuestas a recordárselo, y no sólo enemigos suyos. Sin embargo, es injusto que el todavía presidente del Gobierno español sea prácticamente el único acusado de tamaño delito de lesa patria. Y es que, a poco que nos tomemos la molestia de informarnos sobre las políticas que se ese están llevando a cabo en comunidades autónomas y ayuntamientos, salta a la vista un denominador común: los recortes cada vez más duros que se están aplicando, ello a pesar de tratarse de medidas impopulares, susceptibles de ocasionar considerables pérdidas de votos.

Cuando en "la memoria mediática" todavía están cercanos episodios de lujosas remodelaciones de despachos, de compra de coches carísimos, de concesiones con cifras que marean, se cae fácilmente en la cuenta de que todas esas gentes que hicieron alegre y confiado uso de su chequera para conceptos como los referidos, y así como para otros mucho más sórdidos aún, negaron la crisis con los hechos, aunque de palabra mostraran su inquietud.

Y es que -verán ustedes- resulta perfectamente entendible, incluso digno de elogio, que las administraciones se hayan endeudado para cubrir servicios públicos básicos. Muy distinta cosa es que la mal llamada clase política, salvo muy contadas excepciones, de una parte, incurrió en unos gastos suntuosos y faraónicos para alimentar su propio ego, para vivir con un lujo que en modo alguno es de recibo, y, por otro lado, la chequera les sirvió para aumentar su redes de clientelismo, garantizándose -o así lo creyeron- una adhesión inquebrantable, una sumisión perruna que contribuía de forma decisiva a perpetuarse en el poder.

¿Hay una sola comunidad autónoma que no esté endeudada por encima de sus posibilidades? Y lo mismo cabe preguntarse con respecto a los ayuntamientos independientemente de su tamaño.

Así pues, en 2008 no sólo fue Zapatero el que negó la crisis, tanto en sus palabras como en las políticas que llevó a cabo, hasta mayo de 2010, sino también la práctica totalidad de los mandatarios autonómicos y municipales, gastando lo que no tenían e hipotecando el futuro de todos.

Y es la crisis, que no la contestación social, al menos hasta el 15M, la que mandó parar, la que obliga a poner freno a los privilegios de una mal llamada clase política, que viene actuando desde hace muchos años como una casta privilegiada.

Cuando uno lee noticias sobre la supresión de coches oficiales, altos cargos, teléfonos móviles etc., en CCAA y en ayuntamientos, no puede obviar que lo que se vino haciendo en los últimos años fue esquilmar las arcas públicas con una irresponsabilidad insultante a más no poder. No, no fue Zapatero el único en negar la crisis, aunque le cabe el nada envidiable honor de haber incurrido en tal cosa con la palabra y con los hechos.

Y, por otra parte, no deja de ser llamativo que, a medida que se fue saqueando el dinero público, la voracidad de la mal llamada clase política discurría acorde con su mediocridad.

Tenemos a día de hoy la clase política más cara y más mediocre de nuestra más reciente historia. Si algo así, tan fácilmente constatable, no generase indignación, seríamos miembros de una sociedad narcotizada y abocada al fracaso más rotundo.

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