Esta semana se han conocido los ejes ferroviarios transeuropeos priorizados por la UE. Y aunque se han avalado los cinco trazados de mercancías propuestos por España, sólo dos tendrán preferencia en la recepción de fondos de Bruselas: el corredor mediterráneo (desde Portbou a Algeciras, por el litoral) y el atlántico (desde Portugal a Irún, pasando por Valladolid y Vitoria).

El objetivo es ambicioso: en un plazo de 10-15 años, los principales puertos mediterráneos deberían atraer buena parte de las exportaciones asiáticas al continente (ahora monopolizadas por los enclaves del norte de Europa), lo que aumentaría el desarrollo de dichas zonas. Pero surgen dudas (internas y externas). Por un lado, Europa sólo financiará un máximo del 20% de las obras. Por otro, en el marco de restricciones que vivirá España en los próximos años, habrá que ver si el nuevo gobierno dispone de los ingresos necesarios y, además, si defiende las inversiones indicadas desde Bruselas (en perjuicio de la radialidad, en materia ferroviaria, que beneficiaba a Madrid ahora, en segundo plano).

A esto debe añadirse otra incógnita, aún mayor, a despejar en los años inmediatos. Tras más de 50 años de crecimiento basado en los monocultivos turístico y del ladrillo (residencial o de obras públicas), ¿optará España por una inversión más competitiva, como el desarrollo del ferrocarril de mercancías? Dos pistas. Mariano Rajoy (probable ganador en noviembre) propone el regreso de la desgravación fiscal por vivienda habitual. En cambio, el presidente del principal banco español ha ordenado que la entidad se desprenda, como sea, de su cartera inmobiliaria (cerca de 30.000 pisos, solares y edificios). ¿Quién está más cerca de otear el futuro, el político o el banquero?