Suele decirse que el cuarto poder es el de la prensa pero va a ser que no. Cuando Charles-Louis de Secondat, Baron de Montesquieu, propuso su idea del Estado moderno, fundamentada en la división de poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, había suficiente peso de crítica y comunicación intelectual -el término "mediático" tendría que esperar a que MacLuhan existiese- como para que el ilustre pensador ilustrado lo añadiera a la lista. Pero se daba cuenta a la perfección de que los medios, en gran medida, obedecen a los designios de los demás poderes hasta el punto de que resulta ridículo creer, por dar un ejemplo, que el imperio de prensa y televisión de Berlusconi es ajeno a sus otros manejos políticos.

Con los tres poderes de Montesquieu parecía bastar para la distribución ordenada de la tutela o, si se quiere, propiedad del Estado hasta que los españoles nos inventamos eso de las autonomías. Tampoco habría podido dar con algo semejante un Montesquieu perteneciente a la muy centralizada Francia. Somos nosotros los creativos en materia político-administrativa. Otra cosa es que nuestro inventos sirvan para algo.

Entre la aprobación el 25 de julio en el Parlament del pulso al gobierno de Madrid bajo la bandera del pacto fiscal, la decisión del día 30 de cerrar el grifo a los numerosos centros asistenciales con los que el gobierno del Principado tiene un concierto y la inasistencia al último Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), Cataluña ha desenterrado el hacha de guerra planteando un verdadero órdago a lo poco que quedaba en España del espíritu de Montesquieu. Porque de la mano del envite catalán aparece un poder que es a la vez todos los poderes y ninguno de ellos, si estamos hablando de la concepción clásica del Estado. En comparación, el abandono de Andalucía de la mesa de diálogo del CPFF y el anuncio de que presentará un recurso ante el Constitucional contra los acuerdos adaptados en ella resulta poco más que una pataleta.

De lo que suceda en el enfrentamiento entre los gobiernos de Mas y Rajoy por causa del pacto fiscal -no perdamos el tiempo hablando del Parlament- dependerá el propio sentido del Estado de las Autonomías. Algo que está pendiente, por cierto, desde que se aprobó la Constitución. Si se concede el control directo de la Generalitat sobre los impuestos, además de los poderes de Montesquieu habrá aparecido un cuarto, el autonómico, pero éste quedará limitado a los efectos prácticos a Euskadi y Catalunya; todas las demás serán autonomías de la señorita Pepis. Si, por el contrario, el gobierno de Rajoy se ampara en su mayoría absoluta, sin buscar amoríos externos, y rechaza las pretensiones de Artur Mas, la ficción del Estado autonómico seguirá como una posibilidad teórica. Aunque la necesidad de un rescate, pronto o tarde, abocará a la mayoría de ellas a ver reducido su poder real a un puro símbolo. Si Montesquieu viviera, igual se le ocurría una idea para salir de este atasco. Nosotros, carecemos de ellas.