La negativa de Mariano Rajoy (completamente previsible) a conceder el Pacto Fiscal al presidente catalán, Artur Mas, abre un escenario inédito en la democracia española, en medio de la peor crisis económica de los últimos 50 años.

A la espera de lo que anuncie Mas la semana próxima, en el debate de política general del Parlamento catalán, el objetivo que se propuso durante la legislatura iniciada en 2010 (la obtención de un sistema tributario con resultados semejantes al concierto vasco) queda enterrado. Por ello, la opción de convocar elecciones anticipadas se presenta como una gran tentación para Mas.

Además de capitalizar el rechazo del Gobierno central al Pacto Fiscal (propuesta que gozaba de un respaldo superior al 70% de los catalanes) y tras hacer suyas las demandas de la manifestación independentista del 11 de septiembre, puede ser su oportunidad para lograr una mayoría más holgada que la actual (a seis escaños de la mayoría absoluta), en un momento en el que sus principales rivales (PSC) se encuentran divididos y con un liderazgo débil.

La incógnita a resolver será la de su propuesta de relación con España. Los soberanistas impacientes le reprochan que hable de "estructuras de Estado", en lugar de promover la independencia de manera clara. Los opositores de PP y PSC (y analistas fines) afirman que Mas, siguiendo la tradición de CiU, mareará la perdiz durante cuatro años más, sin ir hacia la secesión. Pero no deberían obviar una diferencia (respecto a dirigentes como Jordi Pujol): por primera vez, un líder de CiU no acepta una financiación dentro del régimen común español, pese a la negativa de las élites empresariales catalanas a apoyar su deriva soberanista. Eso debería dar pistas de por donde irá el camino de Mas en los próximos meses.