El nuevo Plan General publicado esta semana en el Boletín Oficial de la Provincia tras el visto bueno definitivo de la Xunta apuesta más por la renovación urbana que por el crecimiento, y establece 3,6 millones de metros cuadrados de espacios libres y zonas verdes en la ciudad. El documento urbanístico, que sustituye al aprobado en 1998, ha pasado por un largo proceso hasta su entrada en vigor. Se trata de un plan que licitó y adjudicó un gobierno local del PSOE con Javier Losada como alcalde, lo desarrolló el Ejecutivo local de coalición entre socialistas y nacionalistas y lo ha culminado un regidor municipal del PP, ahí es nada.
El proyecto inicial del arquitecto y urbanista Juan Busquets fue revisado por el Gobierno de Carlos Negreira en 2012 y aprobado en pleno en solitario por los concejales del PP, del mismo modo que los trámites de la etapa de Losada solo contaron con el respaldo de los ediles de los grupos del gobierno.
Pero, pese a todos esos avatares, una vez en vigor el plan es el que es, y sería una irresponsabilidad no dejar a un lado las disputas partidistas para que su paso del papel a los solares suponga un mejor desarrollo urbanístico.
El documento marca las líneas maestras de cómo será la ciudad en la que deberán vivir generaciones de coruñeses. Queda ahora el trabajo de plasmarlo y desarrollarlo sobre el terreno y hacer de él un instrumento para compensar el desarrollismo del último medio siglo.
El Gobierno local, a petición de la Xunta, modifica la normativa inicial y cumple una de sus promesas electorales al dejar sin efecto el "fuera de ordenación" que tanto alarmó a los vecinos y tanto desgastó al Ejecutivo local anterior. Con el nuevo plan no solo ningún inmueble queda fuera de la legalidad sino que además ningún propietario pierde edificabilidad. En cualquier caso, y rizando el rizo hasta lo rocambolesco, por decirlo de alguna manera, si un edificio es demolido siempre se podrá volver a levantar el mismo número de plantas que tenía el anterior.
El documento diseñado para los próximos doce años da prioridad al tratamiento de basuras, a la mejora del transporte público y a las sendas peatonales frente a las macro urbanizaciones. Parece lógico que en pleno parón del boom inmobiliario se apueste por la mejora de los espacios libres para hacer una ciudad más confortable.
Los corredores costeros como el que mejora y extiende el actual paseo marítimo hasta los límites con Arteixo y Culleredo figuran como una prioridad máxima del mismo modo que las grandes conexiones peatonales para bicicletas como las de la estación de San Cristóbal con A Grela y General Sanjurjo.
Si se cumplieran las previsiones del citado documento, en un plazo de cuatro años se habría completado la ampliación de la planta de basuras de Nostián y estarían abiertos nuevos puntos limpios para la recogida selectiva de residuos. El documento también plantea la construcción de la red de metro ligero pese a que la Xunta, encargada del estudio de esta infraestructura sostiene que en este momento no es viable. Sin embargo, deja para dentro de ocho años el desarrollo de viales en alguna calle de Monte Alto y el Ensanche, el paseo marítimo en la zona de San Amaro y O Castrillón, Alfonso Molina y la salida hacia Santiago.
El concejal de urbanismo, Martín Fernández Prado, insistió al presentar el plan en que se pretende hacer una ciudad más humana frente al ladrillo y en que las grandes urbanizaciones se establecen para el último cuatrienio. Sin embargo, de nada sirven estas previsiones si no se ejecutan. Tenemos el ejemplo del actual, en vigor desde diciembre de 1998, en el que en muchos de los polígonos proyectados como el de San Pedro de Visma y O Portiño no se ha llegado a mover ni una excavadora.
Lógicamente, en todo este proyecto de futuro el Concello debe tener especial cuidado en el desarrollo urbanístico de la zona de la Torre para que su impacto sobre el faro romano y su entorno natural sea imperceptible y no ponga en peligro el título de patrimonio de la humanidad.
Los grupos de la oposición denuncian que los últimos cambios en el documento están hechos a la medida de los promotores mientras que el Concello afirma que se trata de un plan que no es de un equipo de gobierno, sino hecho para toda la ciudad pese a que nunca obtuvo la aprobación unánime de la Corporación local. Más allá de las discrepancias que a buen seguro surgirán en el desarrollo urbanístico, y de los desencuentros habidos durante su tramitación, la enorme importancia del documento para el futuro de A Coruña debería ser suficiente para que seamos capaces de convertir el documento en un plan de todos.
