La supresión de esta exención tributaria, cuyo mantenimiento resulta indignante para una ciudadanía que está sometida desde hace años a un rosario de sacrificios sin fin con el objetivo de un esfuerzo común para salir de la crisis, había sido anunciada antes del verano. Pero llegados al otoño, la iniciativa se había enfriado hasta el punto de que ya no se hablaba de fecha alguna para poner fin a esta inadmisible falta de compromiso de la clase política gallega con la Hacienda pública.

La OPINIÓN había denunciado ya en los primeros compases de este año este anómalo privilegio fiscal de los diputados gallegos, lo que provocó una inmediata reacción en el Parlamento. El PP, cuya posición es decisoria al respecto por tener mayoría absoluta en la Cámara gallega, anunció en febrero su disposición a revisarlo. Tanto el Bloque como AGE se pronunciaron a favor de que los diputados tributasen por el 100% de su sueldo, aunque solo el BNG presentó formalmente una petición en ese sentido. El PSOE defiende una eliminación parcial de la exención fiscal de los salarios parlamentarios, pero deja en manos del PP la elaboración de una propuesta, por ostentar la mayoría absoluta.

Hacia mayo, el partido mayoritario en el Parlamento gallego sostenía que estaba dispuesto a cambiar el régimen tributario de los diputados gallegos antes del verano, conjuntamente con una rebaja salarial. No aclaraba sin embargo si estaba dispuesto a plantear que los diputados pagasen impuestos por la totalidad de su remuneración como todo el mundo o que se rebajara la parte exenta, como algunos parlamentarios defendían.

Con la reanudación de la Cámara tras el verano, no se registró la menor iniciativa sobre esta reforma anunciada. Al contrario el PP pretendía aparcarla sin fecha. El hecho de que este diario hiciera pública esa intención tuvo el efecto de volver a reactivar de inmediato la cuestión en el Parlamento. El presidente gallego sí puso fecha y sin dilaciones. Ordenó a su partido que acometiera la supresión de estos privilegios en la Mesa del Parlamento, donde tiene mayoría absoluta. Feijóo aprovechó su presencia en un foro económico para asegurar que su compromiso con la revisión tributaria de los diputados se vería plasmado en la Ley de Presupuestos que se presentará en octubre. Horas después matizó que todavía estudiaban si aprobar esta reforma por ley o por un acuerdo de la Mesa del Parlamento.

El toque de atención del presidente a sus diputados, lejos de impulsar definitivamente la cuestión, ha provocado una división en el PP gallego. La propia Xunta reconoce un "choque frontal" con una parte del grupo parlamentario popular, que se opone a la revisión tributaria. El cruce de reproches ha llegado al punto de que desde el Gobierno autonómico se habla del agravio comparativo entre los parlamentarios y los conselleiros, sujetos estos últimos a una fiscalidad normal.

Desde que a principios de año se anunciara la eliminación de estos privilegios fiscales a los diputados, se sigue mareando la perdiz sin que esa medida acabe nunca por ejecutarse. Lo último es un debate bizantino en el Parlamento sobre quién aprobó en su día estos privilegios.

Este parloteo político indigna todavía más a los sufridos contribuyentes, que asisten atónitos a este denigrante espectáculo. En los tiempos de sacrificio que soportan los gallegos, con crecientes copagos, subidas de impuestos, pensiones a la baja, aumentos de las tasas educativas y destrucción de empleo, es inadmisible que aquellos obligados a una mayor ejemplaridad se aferren a unos privilegios injustificables. La defensa de estas prebendas ante unos ciudadanos agobiados por las dificultades económicas y el recorte del estado del bienestar solo consigue aumentar aún más la brecha y el desapego de los gallegos por su clase política.