En la sanidad pública este tipo de cosas están a la orden del día. Las rivalidades entre los facultativos, los celos profesionales y los choques de egos son algo habitual, como puede atestiguar cualquier trabajador de un hospital. Los ascensos son una permanente fuente de conflictos, cuya resolución no pocas veces acaban dirimiendo los tribunales de justicia. Eso es lo que ocurrió con el concurso para cubrir la plaza de jefe de Cirugía del CHUS, que había ganado el marido de la conselleira de Sanidade, el doctor Manuel Bustamente, y que el Tribunal Superior de Galicia obliga a repetir por las irregularidades observadas en su desarrollo.

Por supuesto que hay presiones políticas y a los puestos de responsabilidad en gestión y organización, como direcciones o gerencias, no se suele llegar sin afinidad o simpatía con el partido que gobierna, aunque no se exija estrictamente el carné de afiliado. Sin embargo, de ahí para abajo, en los segundos y terceros niveles, en las jefaturas de servicio, etc., opera sobre todo el amiguismo, de modo que los intereses personales o de clan, llegado el caso, se imponen a los criterios de idoneidad, mérito o capacidad.

En nuestro sistema sanitario, los jefes de servicio son más que una élite, como una casta superior. Están por encima de casi todo y de casi todos. Gozan de un gran margen de maniobra a la hora de constituir sus equipos, al igual que sucede en las universidades, donde la endogamia, incluso familiar, es una auténtica lacra. Algunos departamentos acaban siendo como guetos, en los que impera la discrecionalidad, alimentada por un pernicioso servilismo que menoscaba la eficiencia y sirve de soporte a formas de corrupción de baja intensidad que se cronifican, como ciertas enfermedades.

A Feijóo, que conoce de primera mano las tripas de la sanidad pública, le interesa reducir el caso Bustamante a un mero lío de batas blancas. Es un problema interno del hospital, sentenció cuando fue preguntado por si este feo asunto le iba a costar el puesto a la conselleira Mosquera, que era la responsable del Sergas cuando, en 2010, su esposo se hizo con una plaza de la que ahora ha tenido que ser apartado por sentencia firme y a la que accedió gracias a un convocatoria, vienen a decir los magistrados, planteada y resuelta a su medida.

Don Alberto se aferra a que el doctor Bustamante es un profesional con todo el derecho -y méritos, tantos como sus competidores- para aspirar a un puesto de ese tipo. Por ser el marido de la conselleira, no tiene vinculación directa ni indirecta con el gobierno gallego. Solo es un funcionario público, por lo cual lo que a él le suceda no tiene por qué generar consecuencias de ningún tipo en la Xunta. Eso no obsta para que en San Caetano se esté buscando la forma de aliviar en lo posible la presión política que por este affaire va a tener que soportar don Alberto. Se puede salvar por ahora la cabeza de Mosquera quizá a cambio de cortar alguna otra o de algún movimiento táctico. Ella, sin embargo, está dispuesta a sacrificarse para evitar males mayores.

Para la oposición, en cambio, este es un caso de nepotismo político de libro. Un ejemplo del más descarado enchufismo. Lo van a exprimir al máximo, empezando por exigir explicaciones del presidente y de la conselleira en el Parlamento. Aquí, dicen, no cabe ni el beneficio de la duda, ni la presunción de inocencia, porque la sentencia, además de clara y contundente, es irrecurrible. Tanto Pesedegá como AGE o el Benegá dan a Mosquera por amortizada. No sólo por este asunto, está sentenciada. Creen que no tardarán en acabar cobrándose esa pieza, para ellos menor. Pero lo que les interesa es desgastar a Feijóo y en parte lo lograrán si tiene que ser él quien dé la cara. Harina de otro costal es que cualquiera de ellos pueda llegar a rentabilizar electoralmente ese desgaste. La oposición está hecha unos zorros y las elecciones autonómicas quedan muy lejos.