Por último, la firma ganadora del concurso podrá utilizar los terrenos, instalaciones y maquinaria de la fábrica de armas para abrir la producción a la industria civil, especialmente en el campo de la investigación, el desarrollo y la innovación tecnológica, siempre con autorización de Defensa, a cambio de un canon anual de al menos 200.000 euros y un aval a partir de 550.000. El ministerio deja claro en cualquier caso que no contrae el más mínimo compromiso a financiar ni adquirir productos que puedan fabricarse en el futuro en la fábrica coruñesa.

Hasta el momento, el grupo gallego IFFE ha confirmado su interés por la adjudicación y desvelará en próximas fechas si opta al concurso. Hércules de Armamento, otra empresa que en los últimos meses manifestó también su interés, aseguró a este diario que se presentará a la licitación. El grupo Expal, una de las empresas de referencia en sector armamentístico, que asumió la gestión de la fábrica de Murcia en 2010 y que pujó por la planta de Palencia en 2012, confirmó que no concurrirá, si bien deja abierta la puerta a acuerdos de colaboración con la empresa que finalmente resulte adjudicataria.

Santa Bárbara es mucho más que una fábrica para la memoria coruñesa. Comparte con la desaparecida planta de Tabacos y el sector portuario el más antiguo estandarte industrial de envergadura en la ciudad. Creada en 1937 en los bajos del edificio de Correos para abastecer al ejército franquista en plena guerra civil, la fábrica de armas de Santa Bárbara se trasladó a su actual ubicación en Pedralonga en 1958, cuando tenía en nómina a 1.241 empleados. La factoría forma parte del abanico de grandes empresas que en los años 60 protagonizaron el despegue industrial de A Coruña: la refinería de Petróleos de Petrolíber, Aluminio de Galicia, Elaborados Metálicos, Grafitos Eléctricos del Noroeste, Fabricación de Envases Metálicos, Industrias Gallegas, Isolux, Estrella Galicia o Begano.

El cierre de Santa Bárbara en A Coruña fue el único recogido en el ERE presentado en febrero del año pasado por la multinacional estadounidense General Dynamics en las cinco plantas que el grupo poseía en España. En las restantes cuatro fábricas se registraron despidos, en algunos casos más numerosos que en A Coruña, pero se mantuvo la actividad.

El conflicto de Santa Bárbara ha dado muchas vueltas desde entonces. En un primer momento, el Ministerio de Defensa, principal cliente de Santa Bárbara, se desentendió de la suerte de la emblemática factoría coruñesa y de sus trabajadores, por no considerar de su competencia la búsqueda de alternativas laborales a una empresa privada. El Gobierno evitó mencionar entonces en su justificación que fue precisamente un Ejecutivo del PP presidido por Aznar quien privatizó la fábrica de armas coruñesa en 2001 por cinco millones de euros.

El Gobierno dio entonces el tema por zanjado con el argumento de que el Ministerio de Defensa carecía de facultad alguna para interferir en el funcionamiento de una empresa privada, en este caso, General Dynamics. El Gobierno trató de esquivar desde que se planteó la amenaza de cierre de la factoría de Palavea su obvia capacidad de presión ante la multinacional armamentística estadounidense, que obtiene contratos multimillonarios con cargo al presupuesto nacional. O por la mediación diplomática del Gobierno, como es el caso de los tanques con licencia alemana para Arabia Saudí que se negociaba construir en España.

Los trabajadores argumentaban que la fábrica coruñesa tenía el mayor índice de ocupación del grupo en España y denunciaron que General Dynamics se benefició de importantes subvenciones de la Xunta para inversiones tecnológicas que repercutieron en mejoras de la firma. Además de haberse opuesto por sistema a diversificar la producción hacia otros sectores como el aeronáutico.

El alcalde de A Coruña, Carlos Negreira, tras advertir en un primer momento de que veía difícil alcanzar un acuerdo con Defensa, pasó a defender que el papel del Gobierno debía ser el de ceder los terrenos en los que se asienta la factoría. La tenacidad de los trabajadores de la fábrica en la defensa de un proyecto alternativo para impedir el cierre de la histórica factoría y la sombra de incapacidad de influencia de la Xunta y la Alcaldía coruñesa sobre un Gobierno amigo que arrojaba el desplante de Defensa acabó por abocar el conflicto a una alternativa de solución que pasa ahora por el concurso de explotación de la fábrica convocado por el Ministerio de Defensa.

Hay que reconocer que quienes mantuvieron siempre encendida la llama de la esperanza y la lucha para evitar la desaparición de este icono industrial coruñés fueron los trabajadores, inasequibles al desaliento pese al escenario que se les planteaba al principio de este largo conflicto. Su firme convicción en la viabilidad de la factoría, que les llevó a renunciar a indemnizaciones y a encerrarse durante meses en la fábrica, granjeándose con su responsable actitud la empatía y el apoyo de la ciudad, forzó la actual situación de esperanza. Los coruñeses no entenderían que la continuidad de la factoría, que difícilmente se habría logrado sin el absoluto compromiso de su antigua plantilla, no contase con la experiencia y contrastado interés de estos trabajadores.

El hecho de que el ministerio se desmarque en el pliego de condiciones del concurso de cualquier vinculación con la futura viabilidad industrial de la fábrica, que en el pasado destinaba el 90% su producción a Defensa, hace temer por otra parte que el concurso se dirima sin las debidas garantías de futuro. El Gobierno ha contraído en cierta manera una deuda moral con A Coruña, única de las cinco ciudades españolas con fábricas de armas abocada a la pérdida de su histórica factoría. Es por ello que los coruñeses esperan una verdadera implicación del Ministerio de Defensa en la resolución de un concurso que debe garantizar la solidez del proyecto industrial a poner en marcha y evitar la tentación de abordarlo como un mero trámite para salir del paso.