Los hogares coruñeses viven con el corazón en un puño por la incesante oleada de asaltos a viviendas, una lacra que se ha cobrado este verano más pisos desvalijados que en todo el año. La cifra de robos se ha disparado en el principal mes estival hasta los 125 asaltos, una estadística que rompe todos los registros anteriores y que ha creado una psicosis de alarma e inseguridad en los barrios coruñeses. Una evidente prueba de este temor instalado en las viviendas de la ciudad es el espectacular aumento de la demanda de costosas cerraduras de alta seguridad en estos últimos días.

A pesar de la abrumadora escalada veraniega en estos delitos, la creciente inseguridad de los hogares coruñeses está lejos de ser este año en A Coruña una cuestión puntual de los meses estivales. El Ministerio del Interior ya había advertido el pasado meses de junio que A Coruña era la única ciudad gallega en la que crecían los robos en pisos, con un inusual aumento del 45% respecto de los datos de 2013. Los sindicatos policiales CEP y SUP denunciaron tras hacerse públicas estas estadísticas el descenso de agentes para impedir los delitos y reclamaron medidas para atajar un grave problema de inseguridad que preveían que fuese a más. Lamentablemente, su profética advertencia fue como la voz que clama en el desierto.

LA OPINIÓN otorgó ya entonces una gran relevancia informativa a estos alarmantes datos. Este periódico publicó un editorial los primeros días de agosto en el cual alertaba sobre el anormal crecimiento de asaltos a viviendas coruñesas en julio, que venía a sumarse a los ya preocupantes datos del primer semestre del año. Y reclamaba medidas para atajar la creciente inseguridad. Por desgracia, la posterior oleada de robos a viviendas que sufrió la ciudad en el mes de agosto vino a darnos la razón, frente a la indiferencia con la que las autoridades responsables habían recibido los primeros avisos y el silencio cómplice de otros. Nada se hizo hasta que la indignación estalló en clamor popular, o sea, cuando ya era demasiado tarde para decenas y decenas de familias.

Bandas muy organizadas de Europa de Este, sobre todo de Georgia y Croacia, están detrás de estos delitos. Después de operar en otros países del continente han cruzado los Pirineos para moverse de forma itinerante por comunidades del Norte de España. Su oleada delictiva en A Coruña, que las autoridades han preferido calificar con el eufemismo de "repuntes", ha dejado al descubierto en los últimos dos meses una falta de previsión policial de la que se han aprovechado los ladrones.

Esta falta de organización, agravada por los recortes de agentes, ha ocasionado el malestar público de los cuerpos de seguridad, transmitido por los sindicatos policiales, ante la falta de agilidad de las autoridades competentes para reforzar las unidades de investigación especializadas. De ahí que los sindicatos policiales, así como las asociaciones vecinales de A Coruña, hayan exigido la reunión de la Junta Local de Seguridad, que debe ser convocada por el Ayuntamiento y la Delegación del Gobierno.

El primer teniente de alcalde y responsable de Seguridad del Gobierno local, Julio Flores, afirmó la semana pasada que la Junta de Seguridad no se convocaría hasta finales de septiembre, ante el estupor de los representantes de los agentes y de los vecinos.

En unas declaraciones más que desafortunadas, en pleno clamor ciudadano por la oleada de asaltos a casas, Flores intentó negar lo evidente y restó importancia al aluvión de robos con el argumento de que "siempre los ha habido". Y, para más inri, el responsable local de seguridad incrementó la sensación de indefensión de los ciudadanos al afirmar que la Policía Local solo prestaría colaboración a la Policía Nacional si esta se lo solicitaba expresamente. La afirmación soliviantó al 091 y a los sindicatos policiales, que le recordaron que la cooperación actual entre el 091 y el 092 en materia de seguridad ciudadana es la prueba de que no es necesaria una petición expresa para una acción conjunta en la lucha contra los robos.

La respuesta al creciente temor ciudadano por el aumento de la inseguridad ciudadana no puede seguir siendo la inoperancia de las autoridades responsables. La Delegación del Gobierno y el Concello tienen la obligación de abordar de una vez el problema como se merece. Y de hacerlo con diligencia. No es de recibo posponer la convocatoria de la Junta de Seguridad Ciudadana mientras los coruñeses salen a la calle cada día con miedo a encontrarse a la vuelta con sus hogares forzados y desvalijados. Es una lacra que exige medidas ya.