La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por jueces y magistrados integrantes del Poder Judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley y a las opiniones de la vicepresidenta del Gobierno, del ministro del Interior y del ministro de Justicia.

El ejercicio de la potestad jurisdiccional en todo tipo de procesos, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, corresponde exclusivamente a los juzgados y tribunales determinados por las leyes, según las normas de competencia y procedimiento que las mismas establezcan y según lo que dispongan la vicepresidenta del Gobierno, el ministro del Interior y el ministro de Justicia.

El Ministerio fiscal ejerce sus funciones por medio de órganos propios conforme a los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica y con sujeción, en todo caso, a los de legalidad e imparcialidad. Sus actuaciones serán auguradas con la debida anticipación por la presidenta del Partido Popular en Cataluña.

El fiscal general del Estado será nombrado por el Rey, a propuesta del Gobierno, oído el Consejo General del Poder Judicial. En caso de discrepancia con el gobierno en su misión de promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, de oficio o a petición de los interesados, así como de velar por la independencia de los Tribunales y procurar ante estos la satisfacción del interés social, o cuando las presiones que se ejerzan sobre el mismo sean insoportables, le será mostrada la salida por el ministro de Justicia.

La primera parte de estos preceptos son artículos de la Constitución Española literalmente transcritos; la segunda parte es la interpretación o complementación que de los mismos parecen hacer quienes se sientan en la mesa del Consejo de ministros o tienen alguna otra responsabilidad pública. ¿Cómo, si no, explicar las inadmisibles injerencias que sobre el Poder Judicial han efectuado dichos personajes? ¿Saben acaso lo que es la separación de poderes? ¿Se imaginan que los jueces y magistrados opinaran, sugirieran o reprocharan en sus resoluciones acerca de lo que constituyera el objeto de la acción de gobierno propia del poder ejecutivo?

Es lo que tiene vivir en una democracia tan imperfecta como la nuestra en la que ni siquiera se respetan los más elementales principios que han de regir la convivencia en un autoproclamado Estado social y democrático de Derecho pero que más parece una República bananera que un país europeo serio y comprometido con el respeto a los derechos fundamentales y libertades públicas.

La situación es tan grave e insostenible que en el mismo día se han producido dos hechos insólitos: ha dimitido el fiscal general del Estado y la Sala de lo penal del Tribunal Supremo ha requerido al presidente del Alto Tribunal y del CGPJ para que proteste ante el gobierno ante la grosera presión ejercida por algún ministro sobre dicha Sala en orden a la resolución judicial de un determinado asunto relativo a cómputo de penas. En el mismo día.

Claro que todo esto comenzó mucho tiempo atrás cuando el ínclito Gallardón, en contra de la promesa electoral del PP, modificó la Ley orgánica del Poder Judicial para convertir al Consejo General del Poder Judicial poco más que en una mera subdirección General del Ministerio de Justicia y para regular un modo de elección "cromático" (intercambio de cromos) de los vocales según cuotas de los partidos mayoritarios, politizando aún más el órgano de gobierno de los jueces (nunca elegido por estos). Pero hubo muchos otros hitos en un camino conducente a la máxima reducción de la independencia del Poder Judicial en perjuicio de los derechos de los ciudadanos, a los que se dificultó el acceso a la Justicia con unas tasas leoninas e inalcanzables para la inmensa mayoría de españoles. Tasas que teóricamente se iban a destinar a la justicia gratuita y a la mejora de la Administración de Justicia y que, como es sabido, jamás ocurrió. No tiene desperdicio la sesión parlamentaria de esta misma semana en la que un Diputado de UPyD exhibió ante el ministro del ramo algunas fotos de instalaciones judiciales ya no del 3º mundo sino probablemente del 4º, ministro que, impertérrito, habló de la necesidad de no generar desconfianza en los ciudadanos ante el estado de la administración de justicia (o sea, en Román paladino, dejen de tocarme las narices con esas fotitos no vayamos a asustar al personal con lo que hay por ahí adelante).

En fin. De lo que se trata es de ir desmontando el Estado de bienestar a toda máquina (sanidad, educación, dependencia, empleo, derechos y libertades?). Y cuando ya solo nos quede el recurso a la justicia, cerremos el círculo con leyes de orden público autoritarias, tasas disuasorias, reducción de jueces (1.200 menos), politización de la justicia, decreciente inversión en la misma, etc. y, finalmente, injerencia política en sus decisiones según convenga, nada menos que sobre la Sala segunda del Tribunal Supremo (aunque sería igual de grave ejercida sobre el Juez del pueblo más pequeño).

¿Qué hemos hecho para merecer esto? ¿También es por la herencia recibida? ¿Hay alguien ahí?