El Gobierno local de A Coruña confía en aprobar en enero el plan especial de reforma y protección de las áreas de Ciudad Vieja y Pescadería que pretende atajar el preocupante declive del casco histórico. Esta decadencia del centro urbano coruñés, acelerada en los últimos años por la crisis económica, tiene su mayor exponente en el estado ruinoso de centenares de edificios con gran valor patrimonial y en la desocupación de los bajos comerciales, que alcanza ya al 23% de los locales. El resultado es una creciente atmósfera de abandono que se ha apoderado del centro histórico de A Coruña, amenazando con convertir en deprimente área marginal lo que durante siglos fue la joya de la corona de la urbe.
El Ayuntamiento ha contabilizado un total de 1.170 edificios de alto interés patrimonial que merecen protección en el casco antiguo, de los cuales al menos 269 se encuentran en mal estado y precisan de una importante rehabilitación. El estado ruinoso de numerosos edificios en el área antigua ha creado un creciente sentimiento de inseguridad entre residentes de la zona, acrecentado por incendios y derrumbes de edificios abandonados que se saldaron milagrosamente sin víctimas.
Vecinos, comerciantes, promotores inmobiliarios y arquitectos coinciden en que esta visible decadencia del centro de la ciudad no se atajó en el momento adecuado, como hicieron en otras ciudades años atrás, antes de que comenzara la crisis, cuando no existían los problemas financieros actuales. Hasta el punto de que el casco histórico coruñés es de los pocos, sino el único, que permanece sumido en el abandono entre las grandes ciudades españolas.
El gran espacio urbano céntrico que delimitan Juana de Vega, Monte Alto y la Ciudad Vieja tiene pese a su actual degradación un gran potencial económico por recuperar, que los informes municipales contabilizan en 3.900 locales comerciales, de los que un 23% se encuentran desocupados o presentan importantes desperfectos.
El instrumento para esta regeneración es el Plan Especial de Protección y Reforma Interior (Pepri) de la Ciudad Vieja y Pescadería, aún pendiente de un último informe de la Xunta desde su aprobación inicial en un pleno municipal en 2012. Las sucesivas modificaciones exigidas por el Ejecutivo autonómico obligaron al Gobierno local coruñés a realizar hasta tres redacciones del plan.
Este dilatado proceso provocó reiteradas críticas de los vecinos de los barrios afectados, que denunciaron falta de transparencia durante la elaboración del plan. El Gobierno ocultó durante meses los primeros cambios a los que le obligaba el Gobierno gallego, que desembocaron en la segunda redacción del documento urbanístico por los dirigentes de María Pita, a la que seguiría aún una tercera. La lentitud en la aprobación del Pepri mantuvo en vilo a muchos vecinos que tuvieron que posponer en dos últimos años importantes decisiones como la rehabilitación de edificios, algunos en riesgo de venirse abajo.
Las principales dudas de los vecinos y comerciantes del casco histórico se centran ahora, más allá de la aprobación, en la voluntad política de ejecución completa del plan. La previsible aprobación de las coordenadas urbanísticas que marcarán las pautas de actuación en el casco histórico es apenas un necesario punto de partida legal para lograr un objetivo mucho más complejo y ambicioso. Que no es otro que el de revitalizar un centro de la ciudad que viene sumiéndose en un degradante deterioro año tras año. Un abandono que las autoridades de la ciudad han dejado correr durante largo tiempo, hasta que ha tocado fondo con la recesión económica.
Los expertos consultados por este periódico coinciden en que el Pepri por sí solo no cambiará esta situación. Insisten en que debe ir acompañado de un claro compromiso de cumplimiento que la experiencia reciente demuestra que raramente se da. Un ejemplo de ello es que al realizar en 2013 el nuevo catálogo de edificios protegidos en el área histórica de la ciudad se ha constatado que un centenar de esos inmuebles de especial interés patrimonial registrados en el anterior Pepri de 1998 sufrieron importantes modificaciones o fueron destruidos. Tampoco sirvió para frenar la despoblación y la masiva desocupación de los locales comerciales que en calles como San Andrés fueron antaño un emporio.
Uno de los barómetros para medir esa voluntad es sin duda la transparencia con la que se fijan los objetivos que persigue el plan. La pasada semana se conoció que el Pepri nace con una nueva ordenanza que protege y regulariza inmuebles construidos con excesiva altura y volumen en su mayoría durante la desfeita urbanística de los años setenta. Esta nueva ordenanza convierte a estos grandes edificios en un oasis al margen de la norma general de protección paisajística en el casco histórico. No solo los indulta de una situación de fuera de ordenación, sino que les da bastante manga ancha para acometer nuevas reformas.
El concejal de Urbanismo desveló esta importante novedad del plan hace unos días sin dar mayores detalles. Reconocer el derecho de los propietarios de esos edificios, que no tienen por qué ser ahora los mismos que los erigieron en su día, es una medida razonable. Siempre y cuando se logre un justo y adecuado encaje con el supremo objetivo del interés común en una zona tan delicada. En aras de la transparencia y la efectividad que debe presidir un plan que pretende rescatar el centro histórico de su actual decadencia, el Gobierno local debería ahuyentar cualquier sombra sobre sus intenciones con una detallada información sobre el alcance y las repercusiones de esta nueva ordenanza.
