La regeneración de la ría de O Burgo, el contaminado espacio costero que comparten cuatro de los ayuntamientos más poblados del área coruñesa, sigue enmarañada en un laberinto cuyo fin no se acaba de vislumbrar. La recuperación del lamentable legado de décadas de un pasado industrial poco respetuoso con el medio ambiente, acumulado en medio millón de toneladas de lodos tóxicos depositados en el fondo del estuario coruñés, es una de las mayores asignaturas pendientes del área metropolitana. La regeneración del estuario siempre ha estado postergada por la ausencia de una voluntad política que desbloquee las trabas a una iniciativa que exige el compromiso de varias administraciones.
La alarma por el calamitoso estado de la ría estalló en la primavera de 2013, al conocerse el resultado de un estudio encargado un año antes por Puertos y Costas, que halló material contaminante en el 61% de la superficie del estuario. El informe urgía dragar y verter mar adentro 354.000 toneladas de residuos moderadamente nocivos y confinar los más peligrosos, otras 100.000 toneladas, en un depósito a construir en la ría. La contaminación más tóxica se deriva de la extinta actividad de la planta química de Cros.
La presentación de este informe llegaba dos meses después de que una delegación de parlamentarios europeos sacara los colores a las autoridades españolas, gallegas y coruñesas al constatar in situ el desastroso estado del estuario. Y casi dos años después de que los dos partidos mayoritarios en la corporación, PSOE y PP, tras un vertido de 30.000 litros de queroseno a la ría, consensuaran a finales de 2011 una moción reclamando a Gobierno y Xunta, entonces de diferente color político, que no demorasen más la recuperación de O Burgo.
El jefe de la Demarcación de Costas de Galicia, Rafael Eimil, estimó en la presentación del alarmante estudio en 2013 que el dragado de la ría comenzaría a finales de 2014, una vez que Gobierno y Xunta acordasen cómo financiar las obras. A partir de ahí, sin embargo, la regeneración se empantanó. La tramitación se eterniza, a pesar de que el estudio de impacto ambiental ya ha sido sometido a alegaciones. El propio Ejecutivo admitió la semana pasada en una respuesta parlamentaria que en los tres últimos años solo ha gastado 72.000 euros en la recuperación de la ría coruñesa; la mayor parte, 60.000 euros, en el estudio preliminar de 2012 y 2013. El año pasado, cuando supuestamente deberían haberse puesto en marcha ya las obras según el cálculo de Costas, no invirtió un solo euro.
El alcalde de A Coruña ha excusado esta exclusión presupuestaria por la razonable inversión realizada ya en la depuradora de Bens. La finalidad de esta depuradora nada tiene que ver sin embargo con la necesaria regeneración del fondo tóxico de la ría, sino con impedir nuevos vertidos contaminantes en el estuario. Además, el 85% de la financiación de las instalaciones de Bens fue costeada por la Unión Europea. Negreira ha prometido ahora que la retardada tramitación de los estudios ambientales previos al dragado de la ría llegará este año a su fin.
El lamentable estado del estuario coruñés, que ya figuraba con el ferrolano en los años 80 como el más contaminado de Galicia, motivó a principios de la década de 2000 un primer plan de saneamiento que jamás se cumplió. Entonces no había crisis, pero la afluencia de dinero público sirvió para apuntalar el boom inmobiliario con paseos marítimos y otras ingentes infraestructuras de rápido crecimiento urbano. Tras la llegada de la recesión económica, las dos principales administraciones implicadas en la regeneración del estuario, Gobierno y Xunta, se enzarzaron en una pugna sobre quién tenía la responsabilidad de financiar la inaplazable limpieza de la ría. Ese paralizante traspaso de la pelota entre administraciones persiste aún hoy pese a estar gobernadas por el mismo partido. Y así seguimos, uno por otro, la casa sin barrer.
El abandono de la ría de O Burgo pone de relieve el escaso avance en una estructura de poder supramunicipal que vaya más allá de una política minifundista en el área coruñesa, que debería ser una de las de mayor peso en España por su dimensión poblacional y económica. Pese a ello, era hasta la reciente entrada en funcionamiento de la depuradora de Bens la única del país con más de 250.000 habitantes que carecía de depuradora de aguas residuales. Que, por cierto, empezó a funcionar en 2011 con un retraso de diez años y un sobrecoste del 50% en su presupuesto inicial. Por la misma falta de entendimiento entre administraciones que mantiene a la ría hecha un estercolero. Aún queda mucho por hacer para homologarnos a baremos europeos.
Estamos a las puertas de una triple llamada a las urnas: municipal, en mayo; general, a finales de año y autonómica, en 2016. Este es el último tren para sellar de una vez el compromiso que rescate al estuario coruñés de su crónico y vergonzante deterioro.
Lo que está en juego, además de la calidad de vida de cerca de 400.000 coruñeses que habitan los ayuntamientos ribereños, es el impulso de una nueva herramienta de crecimiento económico en el momento clave para salir de la crisis. La ría coruñesa tiene un enorme potencial de explotación marisquera y turística paralizado por la falta de una regeneración que no puede esperar más.
