Se ha escrito amplio y tendido contra el daño, irreversible, que ocasiona la hepatitis C, para la que, hasta la fecha, solamente se aplicaban tratamientos paliativos de escasísima eficacia. Afortunadamente, la ciencia avanza, se investiga y surgen distintos compuestos farmacológicos: unos, evitando enfermedades que en principio parecen incurables, y otros, mitigando y ampliando las perspectivas de seguir con vida, paralizando procesos de deterioro físico y mental. Ahora bien, en cualquiera de los anteriores supuestos, uno de los mejores tratamientos es hacer frente a la enfermedad, porque sabemos que no hay peor enfermo que aquél que nada quiere saber de lo suyo. Pero las enfermedades asustan y si nos referimos al Virus C, por sus efectos, asusta mucho más y si su costo es inalcanzable y vedado para la mayoría de los mortales el asunto se complica alarmantemente. Sabemos que unos laboratorios americanos han descubierto un antiviral (el sofusvir) que combate el VHC y que cura al 100%, vendiendo su patente, en exclusiva, al mercado farmacológico europeo. A la vista de los positivos efectos del citado antiviral, el precio impuesto a tal fármaco por aquellos depredadores de la salud a Europa, EEUU y Canadá es abusivo y atenta contra el derecho fundamental a la vida, a la sanidad pública y gratuita (en Francia lo facturan por 41.000, en el Reino Unido por 44.000 y en España por 60.000 euros respectivamente). Si se comparan los costos del mismo producto en la India la diferencia es abismal: en aquel país se suministra el citado medicamento por unos 700 euros. Todo ello bajo prescripción facultativa y de una duración de 12 semanas. Es el mismo antiviral, la misma patente. La diferencia es que la India solo puede venderlo a naciones de su entorno y su importación está prohibida por los embajadores de la muerte al continente europeo, y todo ello como consecuencia de un plante y un cierre a blancas de los laboratorios hindúes que amenazaron con saltarse la patente y fabricar el producto por su cuenta. En el Estado de California, el Gobierno federal abona mil euros por el tratamiento a aquellos presos, pacientes, que padecen la hepatitis C. Bien, aquí en España, recibir el famoso tratamiento resulta toda una aventura. Lo afectados se han rebelado contra la pasividad, reformas y contrarreformas promovidas desde y por el actual gobierno conservador. Hay demoras, contradicciones, fechas que no se cumplen, extravío de expedientes, comisiones de expertos que no sirven para nada, encierros de afectados, demandas judiciales formuladas por enfermos y trasplantados de hepatitis C. A esta amalgama de situaciones, el actual ministro del ramo se encoge de hombros y no sabe nada porque en el fondo del asunto prevalecen las opiniones que surgen del Ministerio de Sanidad. En la capital del territorio hispano, todo se cocina pero nada se resuelve. Por miedo, prudencia o exceso de cautela, no se adoptan medidas como las acometidas por Brasil o Tailandia, que emitieron licencias obligatorias apoyándose en dos preceptos legales, la licencia obligatoria y la importación paralela, saltándose olímpicamente el derecho a la patente y haciendo prevalecer el de los pacientes. Llegados a este punto, y ante las manifestaciones, encierros y demoras denunciadas por los afectados, familiares y amigos, ha tomado cartas en el asunto la OMS y recientemente Médicos del Mundo, que ha presentado un recurso contra la patente europea del fármaco en cuestión. Y como el Gobierno de Rajoy y su ministro de Sanidad están en periodo electoral, mienten y manipulan: manifiestan que 100.000 enfermos de hepatitis C, en todo el territorio nacional, serán tratados, ¡maravilloso! Por estos lares todos comulgando con ruedas de molino, porque la verdad es que la gente cada día está peor y últimamente vivimos como las palomas y tenemos suerte de poder cagarnos en todo.